Por Shanik David
Florentino Ponce Tamayo tuvo que pagar una fianza de 150 mil pesos para salir de la cárcel de San Pedro Cholula, donde pasó cerca de un año recluido acusado de los hechos violentos del 9 de junio en la autopista Puebla-Atlixco.
Con él son tres pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que logran salir de prisión tras pagar altas fianzas, según informó el abogado Alejandro del Castillo, al momento de lamentar las “injusticias” en las que han caído las autoridades en la definición de los montos para la liberación de los pobladores.
Esto pues recordó que los policías que se vieron involucrados en el operativo en la autopista que derivó en la muere del niño José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, fueron liberados con fianzas bajas, aunque dijo desconocer el monto de éstas.
En cambio, en el caso de los pobladores las cifras son elevadas, y puso como ejemplo la situación de Florentino quien tuvo que pagar 100 mil pesos para la reparación del daño de uno de los uniformados que dijo haber sido lesionado durante el enfrentamiento con los manifestantes.
Aunque se ha avanzado en la liberación de algunos de los vecinos, como Fausto Montes García y Vicente Juárez García -quien perdió la vida a principios de este año por problemas de salud derivados de su encarcelamientos-, siguen en presión otros ciudadanos, incluido el presidente auxiliar Javier Montes Bautista,y al menos otros cuatro pobladores.
Pese a esta situación, Del Castillo aseguró que no se caerá en el juego del gobierno, quien intenta negociar para liberar a los presos; “El gobierno del estado ha dado claras muestras que mantiene a a los compañeros como rehenes, pretenden que el movimiento se calme con el terror”.
Por otra parte comentó que el pasado viernes representantes de los pobladores de Chalchihuapan, incluida la señora Elia Tamayo, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se reunieron con el Sexto Visitador, José Luis Carmona Tinoco, para plantearle la preocupación que genera el hecho de que el gobierno del estado no acate las recomendaciones emitidas en septiembre del año pasado.
En el encuentro, el visitador refirió que la comisión está en contra de las medidas implementadas por el gobierno poblano, pues se ha usado la recomendación como argumento para aumentar la represión en contra del pueblo, pero sin que haya reportes claros en el avance del cumplimiento del ordenamiento de la CNDH.
Por este motivo, la Comisión envió una solicitud a la administración de Rafael Moreno Valle para que en un plazo de 15 días presente un informe y pruebas sobre el cumplimiento de la recomendación, de lo contrario el tema será enviado al Senado.
