Por Shanik David
Con actos de represión y persecución hacia los pobladores las autoridades y empresas particulares buscan imponer un proyecto hidroeléctrico en la región de la Sierra Norte del estado.
El proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, de la empresa Deselc 1, subsidiaria de Comexhidro lleva más de tres años buscando instalarse en el río Ajajalpan, sin embargo ante el rechazo de la población el inicio de las labores se han retrasado.
Son cerca de 25 comunidades de la zona norte del estado, pertenecientes a los municipios de Ahuacatán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya, las cuales se encuentran en pie de lucha para evitar la construcción de esta planta, pues se corre el riesgo no sólo de que se contamine el río del cual dependen, sino que se afecten sus culturas y tradiciones por esta invasión de sus territorios.
Además, denunciaron que pese a lo que han dicho las autoridades, ellos no se verán beneficiados con la energía que se generará con estas turbinas, sino que ésta se venderá a empresas como Walmart, Suburbia yWaldo´s.
Esto lo comentaron al dar una rueda de prensa en la ciudad de Puebla, en la cual denunciaron además que ante las movilizaciones y rechazo explícito que han manifestado en contra del proyecto, las autoridades federales, estatales y municipales, han recurrido a la creación de delitos falsos para perseguir a los opositores.
Valentín Díaz Bustamante, miembro del movimiento de resistencia, señaló que se han presentado 14 denuncias en contra de los opositores por supuestas amenazas que han hecho a los trabajadores de las empresas Deselec 1 y Comexhidro, acusaciones que son falsas.
A decir de los trabajadores, los pobladores les han lanzado afrentas de que los lincharían o matarían si continúan con los trabajos, esto a pesar de que el movimiento que encabezan en pacífico.
A esto se suma que el presidente municipal de San Felipe Tepatlán, Ramón Dávila Santos, ha despedido a al menos siete personas de su administración por apoyar el movimiento contra la hidroeléctrica.
Otra de las medidas que han tomado las autoridades para desprestigiar el movimiento, ha sido el difundir que las movilizaciones que se han generado en la región se deben a que hay conflictos entre las comunidades, pero que sí hay un respaldo para el proyecto hidroeléctrico.
Por separado, Joaquín Soria García, otro de los pobladores de la región, describió que la empresa, en contubernio con las autoridades federales, violentaron el procedimiento de consulta pública que debió realizar la particular previo al inicio de las labores en la zona.
Esto, continuó, pues a pesar de que se tuvieron que hacer asambleas públicas en los tres municipios que se verán afectados para obtener así las firmas de respaldo de los pobladores, éstas nunca se llevaron a cabo, y obtuvieron las manifestaciones de apoyo con engaños.
En cuanto al procedimiento en sí de la consulta, la abogada Diana Pérez explicó que para ésta se debe conformar un comité técnico en el cual participan las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como las autoridades de los municipios que se vean involucrados con el proyecto. Sin embargo, dentro de este grupo de trabajo sólo se contemplaron a las autoridades de Tepatlán y Ahuacatlán, dejando de fuera a Tlapacoya.
Y aunque sí se han realizado reuniones organizadas por dicho comité para dialogar con la población, estas se han hecho con grupos de 10 personas y en casas particulares, violando lo que establece la norma para este tipo de ejercicios, por lo que los pobladores han rechazado de manera tajante la validez de las actas que presenta la SENER en su portal de transparencia con el cual busca dar legalidad a este proyecto.
Diana Pérez comentó que dependerá de las decisiones que tomen las comunidades afectadas sí se buscará alguna medida legal para desechar este proyecto, aunque la situación ya fue presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se tenga conocimiento de las agresiones de las que son parte los opositores de la obra.
Además, es importante recordar que desde julio se dieron las primeras señales de agresiones en la región relacionadas con esta obra, pues los pobladores lanzaron un llamado abierto al gobierno del estado para que se garantizara la seguridad de los pobladores e incluso de los defensores de derechos humanos, en particular Silvia Villaseñor, que los respaldaban ante una oleada de agresiones que sufrieron luego de una asamblea pública que se realizó el 14 de junio en la cual se acordó el rechazo al proyecto.
El llamado se hizo por parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) la cual pidió “al gobierno del Estado de Puebla para que, en el ejercicio de sus facultades, haga valer el estado de derecho y garantice, al mismo tiempo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte y la seguridad e integridad física de quienes acompañan estos procesos populares de toma de decisiones, particularmente la de nuestra compañera Silvia Villaseñor”, se solicita en el posicionamiento del colectivo nacional.
Fue en diciembre de 2011 cuando, por medio de su filial Deselect 1 S. de R.L. de C.V., la empresa recibió la autorización ambiental para el proyecto, por medio del Manifiesto de Impacto Ambiental 21PU2011E0018, en el cual se indica que la construcción de la infraestructura necesaria tardaría unos 60 meses una vez que se cuenten con todos los permisos necesarios, tras lo cual se pretende explotar el río por 30 años para la generación de energía para el consumo propio de la empresa.
