Por Shanik David
Los abusos de parte de las autoridades, la pasividad de las áreas dedicadas a la impartición de justicia e incluso la falta de operación de estas instancias fueron algunos de los temas en los que coincidieron representantes de diferentes colectivos que se reunieron el pasado viernes con el senador Manuel Bartlett Díaz.
La reunión tuvo como objetivo que diferentes agrupaciones sociales presentaran las problemáticas que tienen para pedir al legislador federal su apoyo para la resolución de las mismas, y si bien el exgobernador se comprometió a tomar los temas, uno de los resultados principales del encuentro fue la conformación de una red entre los afectados.
Este colectivo realizará una serie de acciones, como será un foro durante el mes de noviembre en el cual participarán especialistas y los propios quejosos, donde presentarán ejemplos de la poca impartición de justicia en el estado.
Este foro, así como el encuentro con el senador, se dieron por iniciativa y gestión del grupo de Jubilados Unidos BUAP, quienes fueron los primeros en tomar la palabra durante la reunión.
En su participación, Guadalupe Martínez, representante de los jubilados, resaltó que desde febrero que los pensionados iniciaron su lucha por obtener un aumento salarial igual al de los trabajadores en activo, han sido agredidos por las autoridades universitarias.
“Hemos sufrido represión, discriminación, marginación, violencia por parte de las autoridades universitarias de la casa de estudios”, puntualizó la exenfermera del Hospital Universitario, al recordar que su lucha sólo busca que se les equipare el 8 por ciento de incremento salarial que recibieron los trabajadores, pues a los pensionados sólo se les dio el 3.4 por ciento.
De manera puntual, solicitó el apoyo del senador para que, entre otras cosas, ayude a recuperar un documento que sería fundamental para la lucha de los jubilados, pues cuando se hacen las asignaciones presupuestales por parte de la federación, se entrega un oficio en el cual se etiquetan los recursos para el aumento salarial que se le da a los empleados de las universidades públicas, como es el caso de la BUAP.
En el documento en cuestión, correspondiente al dinero que se asignó para 2015, se indicaba un aumento directo al salario del 3.4 por ciento y un 2.2 por ciento a las prestaciones no vinculadas con el salario; sin embargo, casi al cierre del año, ni los jubilados ni los trabajadores en activo recibieron el 2.2 por ciento que autorizó la federación.
De comprobarse esto, comentó Guadalupa Martínez, se podría sustentar aún más las demandas que se tienen ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instancia que ha retrasado el avance de las quejas que se han presentado, en una aparente protección hacia la universidad.
La vinculación entre la Junta y la universidad llega más allá, pues los trabajadores en activo denunciaron durante la reunión que el organismo de justicia laboral ha respaldado la creación de los sindicatos a modo que están sometidos a los intereses de la rectoría.
José Guadalupe Romero, líder del Movimiento de Trabajadores Administrativos y Sindicalizados de la universidad, recordó que hace 20 año se crearon los organismos sindicales Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP) y el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SITBUAP), como una forma de hacer perder peso al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP).
De hecho, la JLCA ha negado la toma de nota del Suntuap, negándola como organización laboral, pero sigue reconociendo el contrato colectivo de trabajo de esta agrupación, lo cual, aseguraron los universitarios, evidencia las anomalías al interior de la Junta.
Una postura similar manifestaron los líderes del movimiento de burócratas despedidos del gobierno del estado, quienes también formaron parte del encuentro y acusaron la pasividad de la JLCA.
Marco Antonio Manzano fue el encargado de exponer el caso de los exburócratas, al recordar que durante su campaña Rafael Moreno Valle se comprometió no sólo a no despedir a los empleados de la administración pública estatal, sino que impulsaría una ley para proteger estos empleos.
A cinco años, señaló, han sido despedidos cerca de 12 mil trabajadores del ejecutivo estatal, de los cuales más de mil 200 fueron sólo este año.
Estos despidos se dan con la mayor impunidad, acusó Manzano, debido a que si bien la Junta Local de Conciliación y Arbitraje debería proteger los derechos de los trabajadores, ésta instancia no opera de manera adecuada, por la irresponsabilidad de su presidente Joel Figueroa Tentori.
El extrabajador explicó que el gobierno del estado no ha nombrado al magistrado que los representa como parte patronal en la Junta, además que el representante del sindicato está incapacitado, por lo que el único que atiende los casos es el propio Figueroa Tentori, sin que haya hecho las gestiones para cubrir los espacios que hacen falta en este organismos.
Por esta razón, Manzano solicitó al senador Bartlett Díaz, que desde su posición haga un llamado e intervenga para que se despida al presidente de la junta, pues su falta de atención a estos detalles son el principal obstáculo para que los trabajadores tengan acceso a la ley.
Sin embargo, no sólo se discutieron temas de problemas de impartición de justicia laboral, sino que incluso se acusó la falta de respuesta de instancias como la Procuraduría General de Justicia.
Esto se dio en relación al caso de los defraudados de las cajas de ahorro, pues a seis años de lucha para que se les pague lo que les robaron los hermanos Tiro Moranchel, sólo se ha emitido una sentencia, denunció Guadalupe Sánchez.
Señaló además que en este período no han sido atendidos ni una sola vez por el gobernador ni por ningún funcionario de primer nivel sino que los mandan con “el gato del gato del gato”.
Refirió que muchos de los afectados son personas de la tercera edad, y que por el retraso en la solución de su caso muchos se han muerto en los últimos años.
De acuerdo con la información presentada por la defraudada, los hermanos Tiro Moranchel, en su momento, donaron dinero para la campaña de Rafael Moreno Valle cuando buscó un puesto en el Senado de la república, lo cual explicaría la pasividad en este teman.
Ante este aparente vínculo, los defraudados solicitaron a Manuel Bartlett que los apoye para la conformación de una comisión especial en el Congreso de la Unión para el diálogo con los afectados por estos fraudes, además de que la Procuraduría General de la República atraiga el caso, pues no confían que de continuar en el estado se vaya a resolver pronto.
