Por Shanik David
Una vez más los jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fueron víctimas de la burocracia y la complicidad que hay entre las autoridades de la universidad y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pues pese a que se tuvo una reunión de poco más de tres horas para analizar el caso de los pensionados no se llegó a nada.
Irma Cabrera, integrante del movimiento, describió que si bien los pensionados de la casa de estudios habían sido notificados hace unos días de la cita para este lunes al mediodía, como parte de la primera audiencia conciliatoria con las autoridades universitarias, de última hora se les regresaron muchos de los documentos que habían presentado desde julio pasado.
La jubilada explicó que a la cita llegaron dos representantes de la oficina de la abogada general de la casa de estudios, Rosa Isela Ávalos, quienes desecharon algunos documentos que habían presentado algunos docentes que se habían sumado a la demanda, pues éstos tenían mal una letra de unas siglas.
El responsable de estar presente en esta reunión, en representación de los jubilados, fue el abogado Abelardo Cuéllar, quien narró lo sucedido a los miembros del movimiento y lamentó que la lucha en esta instancia que debería defender los derechos de los trabajadores se extenderá varios meses más.
Esto a pesar que desde que el 7 de julio se presentó el primer paquete de demandas en contra de la universidad, para este lunes ya se habían alcanzando 501 quejas presentadas ante la JLCA en contra de la rectoría de la BUAP.
Será en los próximos días cuando se les notifique a los jubilados la próxima audiencia para el estudio de su caso, por lo que todavía se desconoce cuánto tiempo más se retrasará este asunto.
El tema, comentó Cabrera, se le presentará al senador Manuel Bartlett Díaz, con quien sostendrán una reunión este viernes para presentarle toda la documentación sobre los abusos de los que han sido objeto tanto por las autoridades universitarias, como incluso las laborales.
Hay que recordar que los jubilados sólo están exigiendo a la universidad que se les iguale el aumento salarial del 8 por ciento que se le dio a los trabajadores en activo y que se rindan cuentas claras sobre la operación del fideicomiso de pensiones, del cual ya se han extraído recursos para fines distintos al pago de jubilaciones de los trabajadores.
