Por Shanik David
Mientras el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) se llenaba con los invitados especiales al segundo informe de labores del rector Alfonso Esparza Ortiz, a pocos metros un contingente de cerca de 100 jubilados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) se manifestaban para exigir que la administración central atienda sus demandas.
Con cartulinas, lonas, ollas y un equipo de sonido, los pensionados denunciaron el maltrato que han recibido por parte de los funcionarios universitarios en el último año, a pesar de que no exigen más de lo que merecen.
Guadalupe Martínez, integrante del comité que representa el movimiento Jubilados Unidos Buap, recordó que lo que se busca en esencia es la equiparación del aumento salarial, pues durante la negociación salarial de este año se acordó que los trabajadores en activo tendrían un aumento del 8 por ciento, pero en el caso de los jubilados sólo sería del 3.4 por ciento.
A pesar de tener más de seis meses en busca de una reunión con el rector Esparza Ortiz, éste se ha mantenido cerrado hacia el movimiento de jubilados, e incluso a lo largo de toda la protesta ni un sólo funcionario universitario se acercó a buscar dialogar con los pensionados.
El único encuentro que se agendó entre los jubilados y Esparza Ortiz fue el 28 de agosto pasado en la Preparatoria Calderón, sin embargo al llegar los extrabajadores fueron agredidos verbalmente por estudiantes y porros, e incluso el rector evitó reunirse con los quejosos y sólo escuchó a jubilados seleccionados a modo para evitar confrontaciones.
Este hecho fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del estado, así como ante el Consejo Universitario y la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, según recordó durante la protesta Guadalupe Martínez.
Incluso ya se tienen 347 demandas laborales en contra de la universidad en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en las cuales lo que se busca es el aumentos salarial así como la rendición de cuentas del fideicomiso de pensiones, del cual hasta el momento los jubilados desconocen el sistema real en el que se maneja, pues incluso los recursos que se han acumulado en éste han sido empleados para dar prestamos a los trabajadores en activo, cuando ésta no es su función.
Guadalupe Martínez puntualizó que fue durante el segundo año de la administración de Alfonso Esparza Ortiz que se dio este cambio en el actuar de la rectoría hacia los trabajadores, pues incluso no se tienen antecedentes de un trato tan inequitativo hacia los jubilados en toda la historia de la universidad.
Acusó que esto se originó al posible interés del rector de “amasar recursos”, como lo hizo su antecesor, lo cual busca concretar con el apoyo de los dirigentes del SITBUAP y ASPABUAP.
El otro informe
El caso de los jubilados de la universidad es tan sólo un ejemplo de la relación tan distante que ha tenido el rector Esparza Ortiz con los trabajadores de la universidad, pues durante el último año se han dado denuncias de hostigamiento hacia los empleados en activo.
Un caso fue el de José Guadalupe Romero, líder del Movimiento de Trabajadores Administrativos y Sindicalizados de la casa de estudios, quien fue llamado ante la oficina de la abogada general de la universidad sólo por haber acudido a la reunión que se había pactado con los jubilados en la Preparatoria Calderón, hecho por el cual se le buscaba iniciar un proceso administrativo.
A esto se suma la presencia de elementos vestidos de civil al interior de los edificios de ciudad universitaria, los cuales son porros adscritos a la Dirección de Atención de Seguridad Univesitaria (DASU).
Estos policías disfrazados fueron vistos en la universidad el 5 de junio, cuando un grupo de estudiantes tomaron la rectoría en protesta por la detención de 7 jóvenes universitarios, y el día de la inaguración del edificio del DASU hace unas semanas fueron vistos con el uniforme oficial de esta unidad de vigilancia.
Sin embargo, la relación con los estudiantes tampoco fue la mejor durante el segundo año del rectorado de Esparza Ortiz, pues hay que recordar que por lo menos en dos ocasiones los universitarios fueron agredidos por las autoridades sin que la universidad hiciera algo por apoyarlos.
El primer caso se dio el 8 de febrero, cuando un grupo de jóvenes adheridos al Frente Estudiantil por una Educación para Todos, fueron desalojados de manera violenta del zócalo de la ciudad de Puebla, donde realizaban una huelga de hambre para exigir la apertura de más espacios para los cursos de preparación para el examen de nuevo ingreso de la Buap.
Ese día los jóvenes fueron agredidos, e incluso algunos fueron levantados y torturados psicológicamente por policías municipales, como quedó asentado en una recomendación emitida por la CDH Puebla, sin embargo el rector nunca dio un posicionamiento al respecto.
Fue hasta agosto, seis meses después de la agresión, y luego de que los jóvenes regresaran al zócalo para manifestarse para exigir más espacios para los rechazados del proceso de admisión, que Esparza Ortiz abrió la posibilidad de que los jóvenes que no ingresaron puedan empezar sus estudios en enero de 2016.
Otro caso relacionado directamente con la comunidad universitaria fue la detención de 7 estudiantes la madrugada del 5 de junio, quienes fueron acusados de haber colocado aparatos explosivos en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en Agua Azul, la delegación Secretaría de Economía y un paradero del Metrobús.
Los jóvenes fueron sacados de sus domicilios durante la madrugada de ese día, e incomunicados por un lapso de casi 10 horas, mientras sus padres y compañeros realizaban movilizaciones para ubicarlos y alcanzar su liberación.
Si bien ese día acudió personal de la abogada general de la universidad, Rosa Isela Ávalos, para revisar el caso de los estudiantes, ese fue el único apoyo que recibieron por parte de las autoridades universitarias, y hoy en día, a cuatro meses de los hechos se les acaba de dictar una fianza de 77 mil 500 pesos a cada uno.
A esto se suman cuestiones administrativas que valen la pena mencionarse, como es el hecho de la ejecución de obras de relumbrón.
Tal es el caso de la instalación de un elevador en el edificio Carolino, obra que carece de permisos por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia -pese a tratarse de un edificio histórico-; esta obra fue adjudicada de manera directa a la empresa Serretecno S.A. de C.V., por un monto de 1.5 millones de pesos.
Además, durante este año la universidad destinó 15 millones de pesos para la construcción del Parque Lineal Universitario, proyecto que se ejecutó en conjunto con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla, el cual consiste en una ciclovía que conecta Ciudad Universitaria con el edificio Carolino.
