Por Shanik David
El caso de los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que fueron detenidos el pasado 5 de junio acusados de haber colocado artefactos explosivos en inmuebles públicos, fue presentado ayer en las mesas de trabajo de los visitadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En representación de los siete jóvenes acudió Miguel Ángel Rosas Bourgees, padre de Carlos Arafat, uno de los estudiantes detenidos y académico de la universidad, quien explicó previo a su participación en la reunión que este es un caso claro de las violaciones sistemáticas a las garantías de los ciudadanos.
Recordó que desde su arresto los estudiantes han buscado por lo menos tres amparos, los cuales han sido negados por jueces federales ya que los solicitantes no han acudido de manera personal a ratificar su solicitud.
Esto, continuó al académico, a pesar de que dentro de la ley de marca que si una persona que busca amparo está en peligro inminente de ser detenido o privado de su libertad, puede recurrir a un tercero para que haga el trámite por él, disposición que es ignorada por los titulares de los tribunales y quieren obligar a los jóvenes a acudir a firmar.
Incluso, comentó que obtuvieron el apoyo de un notario público, quien certificó unas fotografías y vídeos en los que los siete jóvenes ratifican que sus firmas son reales, pero estos documentales fueron rechazados una vez más por el juez.
Ante esto, Rosas Bourgees acusó que hay un contubernio entre las autoridades federales y estatales para continuar con el acoso hacia los estudiantes, lo cual ha derivado a que los jueces solapen las irregularidades en el proceso de los jóvenes.
Puntualizó que aunque fueron allanados los domicilios de los jóvenes, saqueados e incluso incomunicados, tuvieron que ser puestos en libertad pues no se encontraron pruebas en su contra.
Pese a esto, se le ha negado la protección de la ley para acceder al procedimiento que tienen abierto en su contra, por lo que ni siquiera han podido presentar pruebas de descargo para liberarse de los señalamientos que se les hacen.
Esta situación deriva del activismo de cinco de los jóvenes, quienes forman parte del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y la Libertad de Expresión, y se busca mandar un mensaje por medio de su caso a todos los críticos del sistema actual, lamentó Rosas Bourgees.
Toda esta información fue planteada durante la mesa que se llevó a cabo la tarde de este martes en Xalapa, y podría ser analizada por los representantes de la CIDH en el informe que realizarán sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos en México.
