Por Shanik David
La concentración del poder en una sola persona es uno de los principales factores que han llevado al grado de autoritarismo que se vive en la actualidad en el estado de Puebla, pues se usa la estructura de gobierno sólo para cumplir los proyectos de una persona con “grandes aspiraciones políticas”.
Esto lo aseguró Susana Rappo, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien puso como ejemplo de esta situación la imposición de obras que no representan un beneficio real.
En concreto mencionó las ciclovías que se han construido por parte del gobierno del estado, pues con esta idea de que usar la bicicleta es algo bueno aprovechan para hacer negocios para sus conocidos, pero dejando de lado la verdadera utilidad y necesidad de las obras, lo que se vio reflejado con los puentes elevados de estas ciclopistas.
“Se construye bajo un sistema dictatorial una ciudad que nos va alejando de la posibilidad de disfrutarla cada día más”, lamentó la especialista, al participar en un foro sobre las crisis socioambientales que se viven en el estado.
Añadió que bajo este esquema de toma de decisiones por parte de una sola persona no se tiene cabida para la crítica, por lo que se quita la capacidad a los ciudadanos de participar en la definición de lo que quieren para el estado.
“Es una disputa frente a un poder autoritario que tiene aspiraciones políticas muy fuertes que ha concentrado el poder, y parte de los presos políticos en el estado tiene que ver con esta concentración de poder y la falta de posibilidad de reconocernos como sujetos activos como parte de las decisiones”, puntualizó.
Como parte de este modelo además acusó que se ha beneficiado a empresas extranjeras para que lleguen al estado y saqueen los recursos naturales, siendo una muestra clara la instalación de la planta de Audi sobre el acuífero de Libres-Oriental, el cual será sobreexplotado por la compañía automotriz sin importar las afectaciones que pudiera tener para la población, y con el aval del gobierno estatal.
