Por: Reforma
Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra de las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, aprobadas y publicadas el 22 de agosto pasado.
“Esta acción de inconstitucionalidad busca declarar la inaplicación de los llamados candados impuestos en el Estado de Puebla, que limitan el acceso de los ciudadanos a postularse a un cargo de elección popular”, dijo.
“El único fin de proteger las candidaturas independientes”.
El priista confió en que los Ministros atiendan el alegato del CEN del PRI y pueda echar abajo, por inconstitucional, esa medida.
“Los candidatos independientes llegaron para quedarse. Es una propuesta mía desde el 2010 y la voté en 2014, y la hago mía para siempre”, afirmó.
El alegato jurídico fue entregado por la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Puebla, licenciada Ana Isabel Allende Cano.
La dirigente estatal acudió a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar los documentos con las que sustentan la queja para revertir la reforma electoral.
Allende mostró imágenes en donde aparece con dos integrantes del área jurídica del Comité Directivo Estatal, aunque presumió que el recurso legal va firmado por Beltrones.
Allende comentó que con esta acción esperan devolver a los ciudadanos condiciones de acceso a las candidaturas por la vía independiente sin las trabas que se aprobaron en el Congreso del Estado.
“Creemos que hay condiciones para que en Puebla las candidaturas independientes no sólo estén plasmadas en la ley, sino que sean de fácil acceso para los ciudadanos, sin requisitos que las hacen imposibles”, refirió.
El 22 de agosto pasado el Congreso local aprobó una reforma electoral en la que incluyó la figura de candidaturas independientes.
Sin embargo, la mayoría de legisladores identificados con el Gobernador Rafael Moreno Valle acordó establecer candados que dificulta la postulación de los ciudadanos, como la presentación de firmas por un equivalente de 3 por ciento de los inscritos en el padrón electoral.
Además, quienes decidan apoyarlo, serían obligados a comparecer ante los órganos electorales para ratificar su respaldo.
