Integrantes del Movimiento por la Alternativa Social se reunieron este lunes con Rafael Micalco Méndez, para solicitarle de manera formal que, en su calidad de presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, tome acciones legales en contra de la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales que aprobaron los diputados locales el pasado 22 de agosto.
Durante el encuentro, el cual se realizó a puertas abiertas con la presencia de medios de comunicación, Marco Antonio Mazatle Rojas dio lectura, a nombre del MAS, al oficio que le presentaron al líder partidista, en el cual exponen que en los últimos años se ha demostrado la descomposición del actual sistema político por un “divorcio” entre los personajes en el poder y la sociedad en general.
Esto, continuó Mazatle Rojas, ha repercutido que en Puebla, a diferencia de lo que se hizo a nivel nacional, se haya impulsado una legislación que obstruye la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, determinación que, aseguró, tomó el Congreso local por ordenes del gobernador Rafael Moreno Valle.
Ante esto, le solicitaron de manera puntual a Micalco Méndez que se suspenda a los diputados locales que avalaron la reforma del Coipe, por “violentar los principios de su partido y de la propia carta magna”.
Además, se le requirió que presente a nombre del partido un recurso de inconstitucinalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para echar abajo esta reforma.
Ante estas peticiones, Micalco Méndez reconoció que se vive una situación inusual en el partido, esto ante la relación que se tienen con los actuales diputados locales quienes incluso han iniciado una arremetida en contra de él, esto sólo por cuestionar las políticas del gobierno del estado.
Añadió que ya desde hace unas semanas se había manifestado en contra de los candados para la participación ciudadana en los procesos electorales, pues “coincidimos en el postulado de que los ciudadanos deben participar en los procesos electorales”.
Por lo tanto, indició que ya se han tenido acercamientos con el Comité Ejecutivo Nacional para determinar de qué manera se puede actuar en este tema, y definir qué tipo de recurso, cuándo y quién lo presentaría, y así tomar una postura desde la dirigencia nacional en contra de estas leyes antibronco como ya se ha hecho en estados como Veracruz y Chihuahua.
