Por Shanik David
Además de la política de puertas cerradas que ha implementado la administración central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) en contra de los jubilados de la casa de estudios, ahora se ha recurrido a los medios de comunicación con los que se tienen contratos de publicidad para afectar al movimiento.
Esto lo denunció Guadalupe Martínez, líder de los jubilados, quien ha sido la primera afectada de esta oleada mediática de críticas, las cuales aseguró se iniciaron por orden expresa del rector Alfonso Esparza Ortiz.
La jubilada refirió que esta semana el periodista Cirilo Ramos publicó en el periódico Intolerancia una columna plagada de mentiras en su contra.
Cuestiones como que ella cobraba cuotas cuando fue lideresa de enfermeras en el Hospital Universitario o que incluso se robaba medicamentos de éste para formar una farmacia y sacar provecho económico son tan sólo algunas de las cuestiones que la extrabajadora negó rotundamente.
Acompañada por otras ex enfermeras del hospital, resaltó que ella nunca tuvo ningún manejo irregular, y que esto se vio reflejado en que las mismas trabajadoras de salud la ratificaron año con año para que fuera su representante en las discusiones laborales.
Ante esto, Guadalupe Martínez señaló que presentará una demanda por difamación en contra del periodista, pues esta información afecta directamete el bienestar de ella y su familia.
Sin embargo, reconoció que esta publicación fue orquestada directamente por la rectoría de la Buap, con la finalidad de debilitar e incluso romper el movimiento que han emprendido los jubilados, por lo que incluso no descartó que se den más publicaciones similares.
Por este motivo y ante la represión constante de la que son objeto responsabilizó directamente a Alfonso Esparza Ortiz, así como a sus colaboradores de cualquier cosa que le pudiera pasar a ella, los integrantes del comité de jubilados y sus familias, así como a cualquiera de los pensionados de la casa de estudios.
Además refirió que fue hasta este jueves cuando al fin se presentó el oficio pidiendo la intervención del Consejo Universitario así como de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues aunque este iba a ser entregado el pasado miércoles se tuvieron que agregar firmas de otros pensionados que se sumaron a la causa.
Este documento además se entregó ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla, y en caso de que esta instancia no los apoye aseguraron que acudirán ante su similar nacional.
