Por Shanik David
La reforma electoral aprobada el pasado fin de semana en el Congreso local y la cual fue respaldada por los legisladores de Acción Nacional es “anticiudadana, retrógrada y primitiva”, consideró Luis Hernández Avendaño, director de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana.
Si bien la propuesta fue avalada por los diputados identificados con el morenovallismo, el politólogo se enfocó de manera particular al papel que desempeñaron los integrantes de la bancada albiazul.
Esto, apuntó, pues el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla no sólo bloquea la participación de candidatos independientes en los procesos democráticos, sino que cierra la puerta para que los ciudadanos intervengan de manera activa en las elecciones.
Incluso, Hernández Avandaño cuestionó el por qué Ricardo Anaya, quien sostuvo un discurso de empoderar a los ciudadanos durante su campaña para alcanzar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, querría dirigir al partido, tendiendo en consideración el antecedente marcado por los panistas poblanos.
“Para qué quería Anaya dirigir un partido que hoy protagoniza una de las más vergonzosas contra la participación ciudadanía y que en pleno siglo XXI se ostenta como si estuviéramos en el siglo XIX”, acusó el especialista.
Esto lo comentó durante una rueda de prensa en la que integrantes de diferentes organizaciones sociales manifestaron su rechazo ante la reforma electoral, donde incluso señaló que “por acciones como las del sábado, el estado mexicano los partidos y el congreso minan la legitimidad. Por eso creo que no debe de ser desapercibido y debemos reconstruir el estado fallido que empieza a avanzar más en el país”.
Las organizaciones dieron a conocer que, a raíz de la aprobación de este nuevo marco legal, el cual calificaron de anticonstitucional, recurrirán a amparos y a la presentación de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo el nuevo Código.
Además, adelantaron que van a esperar a que se publique la convocatoria para gobernador, para que entonces las normas aplicadas entren en ejercicio y los ciudadanos que se sientan vulnerados puedan impugnarlas a través de los juicios en defensa de los derechos políticos y electorales.
