Por Shanik David
Los partidos políticos tradicionales tienen “pavor” de que un personaje independiente les reste votos para la elección del próximo año, debido a los intereses que hay en juego, razón por la cual se han impuesto los obstáculos legales para el registro de los candidatos independientes, aseguró Alberto Merlo Martínez.
El excandidato a diputado federal por el distrito VI de la ciudad de Puebla, señaló que lo que está en juego con la elección del minigobernador es la elección presidencial del 2018, pues el titular del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle, necesita un operador político en el estado, y temen que “por un revoltoso independiente uno pierda votos”.
Esto lo comentó en relación al dictamen que se encuentra bajo análisis en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para reformar el Código de Instituciones y Procesos Electorales, en el cual se han incluido requisitos para los candidatos independientes que, dijo, son claramente anticonstitucionales.
Dentro del dictamen, el cual hasta el cierre de esta edición todavía no se había aprobado en comisiones, pues la mesa de trabajo se declaró en receso indefinido, se indica por ejemplo, que los ciudadanos que se deseen inscribir como candidatos independientes para la gubernatura tienen que contar con representatividad en tres cuartas partes del estado.
Esto representa que se deben juntar 131 mil firmas en 133 municipios, esto en un período de 10 días.
Además, los ciudadanos que deseen dar su firma para apoyar a algún candidato sólo podrán respaldar a un sólo aspirante, y tendrán que acudir de manera personal a las oficinas de los organismos electorales para manifestar su respaldo.
En caso de candidatos a diputados, deben contar con el 3 por ciento de las firmas del padrón electoral del distrito por el que se quieran postular.
Merlo Martínez apuntó que esto se debe al crecimiento del apoyo a las candidaturas independientes que se disparó después del pasado proceso electoral, y que representa “un foco rojo para los partidos políticos”.
Dado que el tema se encuentra a discusión en la Comisión de Gobernación, este jueves Merlo Martínez acudió al Congreso local para pedir al presidente de este grupo de trabajo, Eukid Castañón Herrera, que esta discusión se abriera a la sociedad civil, además de que se explicara el por qué el dictamen pone estos requisitos tan estrictos.
Si bien el diputado panista se comprometió a que, una vez que el excandidato le entregue por escrito sus peticiones se pondrán a análisis, es importante recordar que el dictamen tiene que estar aprobado y publicado a más tardar este lunes.
Hay que señalar que dentro de la Comisión sólo falta concensar el tema de las candidaturas independientes y las comunes, por lo que Castañón Herrera aseguró que el dictamen presenta un 93 por ciento de avance.
Impugnarán decreto
El también estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana comentó que incluso si se llega a aprobar el dictamen en los términos en los que se encuentra, se continuará por la vía legal para echarlo abajo.
Recordó que en otros estados ya se iniciaron procesos legales para desechar legislaciones similares que buscan imponer los llamados “candados antiBronco”, los cuales ya están en estapa de resolución.
En el caso particular de la reforma de Puebla, indicó que se encuentra en proceso para conformar un frente con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y activistas tanto a nivel estatal como nacional para presentar amparos en contra de esta norma.
Dentro de este frente se contará con la participación de Pedro Kumamoto, quien ganó una diputación en Jalisco por la vía independiente.
Merlo Martínez señaló que una vez que entre en vigor la reforma al COIPE se buscarán presentar amparos para declarar inconstitucional este dictamen, los cuales se encuentran en proceso de elaboración.
