La persecución de la que son objeto los siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que fueron detenidos el pasado 5 de junio, pareciera ser un mensaje claro de parte del gobierno federal y estatal para “calmar a los jóvenes” que forman parte de diferentes movilizaciones a nivel nacional.
Esto lo consideró Miguel Ángel Rosas Burgees, padre de Carlos Arafat, quien además señaló que dentro del proceso que tienen abierto los estudiantes se ha destacado de manera constante la participación de cinco de ellos en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
“Lo ponen como si esto los hiciera personajes peligrosos” acusó el también académico de la BUAP, al momento de lamentar que se les negaron los amparos que habían solicitado.
Lamentó la actitud con la que actúan las autoridades, “actúan como fieras en el acecho, en el anonimato a espaldas de la opinión pública, están haciendo un uso excesivo de su poder”.
Agregó que el hecho de que a los siete adolescentes se les negara el amparo que habían solicitado es una cuestión preocupante, pues a ellos se les rechaza mientras que personajes como El Chapo Guzmán ya cuentan con un amparo federal.
“Qué bueno que México sea un estado de Derecho, pero habemos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera”, acusó Rosas Burgees.
Andamos con miedo de hasta ir a trabajar
Por su parte, el padre de Dulce Carolina Parra Escalona, Antonio Parra Ortega, pidió que se acabe este hostigamiento hacia las familias de los jóvenes, pues en los últimos dos meses han perdido su tranquilidad.
Describió que su hija procura ya no salir en las noches, y cuando llega a su casa revisa todas las puertas y la calle para cerciorarse que no haya nadie siguiéndola ante el temor de ser detenida.
Esta preocupación alcanza a sus padres, pues dijo que cuando salen a trabajar y la dejan sola ellos mismos andan con el temor de que algo le llegue a suceder otra vez.
Añadió que incluso, los jóvenes que fueron detenidos fueron los más vulnerables, pues casi todos son de municipios o estados foráneos, por lo que no vivían con sus padres y era más fácil levantarlos sin que nadie se diera cuenta.
Por esta situación, los padres de familia lanzaron un llamado al gobierno del estado para que se levanten todos los cargos en contra de sus hijos, para que éstos puedan continuar con sus estudios en libertad.
