Por Shanik David
La Universidad Iberoamericana lanzó un Observatorio Legislativo, el cual tendrá como objetivo el vigilar la labor que desempeñen tanto los diputados locales como federales.
Para esto, se tomarán en cuenta los documentos que se hagan público en los portales de ambos poderes legislativos, los cuales serán monitoreados por los propios estudiantes de la universidad.
Durante la presentación de este portal, en el cual se difundirán cuestiones como las iniciativas que presenten los legisladores así como sus asistencias, el director del Observatorio, Cuauhtémoc Cruz, describió que una parte fundamental que se vigilará en los próximos meses es la discusión al interior de las comisiones del Congreso local sobre las reformas a la Ley de Transparencia.
Estas modificaciones, con las que se busca homologar criterios con la nueva Ley General de Transparencia que entró en vigor a nivel nacional hace tres meses, tiene que estar lista para mayo de 2016, y aunque el director aseguró que sí hay tiempo para que se concreten las modificaciones, es necesario que los diputados le den la importancia que se merece el tema.
Por este motivo, académicos de la universidad entregarán a los diputados un listado de 10 puntos que son necesarios que se incluyan en el nuevo marco normativo en materia de transparencia, para garantizar este derecho a los ciudadanos.
Entre estos puntos destaca, por ejemplo, la eliminación de la ratificación de los recursos de revisión que se presentan ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública, tema que ha sido cuestionado desde que entró en vigor la actual ley local, pues es considerado como un obstáculo y un candado para el acceso a la información.
También se sugiere imponer sanciones a los sujetos obligados que cambien la modalidad de entrega de la información, prohibir la invocación del secreto fiduciario o bancario cuando se traten de recursos públicos, además de que se establezca que las evaluaciones que realiza la CAIP sean semestrales y no anuales.
En este documento incluso se incluyen peticiones relacionadas con la discusión en sí de la reforma en comisiones, de tal manera que éstas se hagan de manera pública, que se inviten a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para participar y abonar en los debates y que se incluya como información pública de oficio los acuerdos de reserva que generen los sujetos obligados.
