Esto lo explicó Marely Vélez, abogada de los jóvenes, quien comentó que este recurso de defensa fue presentado ante los juzgados 15 días después del arresto de los estudiantes, es decir hace un mes, pero que el tema ha avanzado de manera lenta en los tribunales.
Desglosó por ejemplo, que hasta el momento se les ha negado la suspensión provisional a los estudiantes, medida cautelar que suele emitirse de manera rápida dentro de los juicios de amparo, por lo cual ya incluso presentaron un recurso de inconformidad.
Incluso, así como en otros procesos legales de activistas sociales, se han recurrido a medidas dilatorias, comentó la abogada, pues han dicho que las firmas que se adjuntan en algunos de los documentos no corresponden a las de los estudiantes, pese a que no tienen pruebas para sustentar esto, además de que piden que sean los propios defensores quienes presenten las copias de todos los expedientes para que éstas sean turnadas a las autoridades involucradas con los hechos.
Ante el riesgo de un posible arresto, algunos de los jóvenes que no son originarios de Puebla regresaron a sus hogares, para protegerse de cualquier represalia que pudieran tomar las autoridades en su contra.
La defensora añadió que dentro del amparo lo que se señala de manera puntual son las irregularidades en la forma en la que fueron detenidos, las violaciones del debido proceso, así como la incomunicación de la que fueron objeto los universitarios cuando fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia para que rindieran su declaración.
Pese a esto, el juicio se mantiene estancado, auque se espera que en esta semana al fin los jóvenes obtengan la suspensión provisional, lo cual serviría como una primera herramienta legal para protegerse de los atropellos de las autoridades estatales.
Vélez además comentó que en lo que respecta en el proceso penal que tienen abierto, desde un inicio se han presentado pruebas que deslindan a los jóvenes de los hechos del 1 de junio, cuando se colocaron artefactos explosivos en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional Electoral y en uno de los paraderos del Metrobús, entre los que se cuentan testimoniales e incluso fotografías que ubican a los estudiantes en otros lugares, pero que pese a esto las autoridades mantienen abierta la investigación en su contra.
