Por: Alejandro Mondragón
Revocar la concesión del Soapap es ya una prioridad que se evalúa en el grupo gobernante.
La ecuación es simple: La entrega de la concesión en 2013 a la empresa Agua de México para conformar Concesiones Integrales resultó un fracaso.
El costo político ha sido altísimo para un régimen, acostumbrado a presumir el respaldo ciudadano a sus políticas públicas.
En la pasada elección federal se perdió la capital del estado. Tres de cuatro distritos quedaron en manos del PRI.
Uno de los factores que provocó el rechazo del PAN en las urnas fue el tema del agua potable.
El poblano repudia la privatización del servicio por dos razones:
La primera y más importante: la tarifa bimestral pasó a mensual con el mismo precio. Por ejemplo, si cada dos meses se cubrían 441 pesos, ahora se desembolsa lo mismo al mes. Sí, toda una chingadera.
La segunda tiene que ver con el trato prepotente, las amenazas de corte del suministro y la escasez del servicio en las colonias populares. Todo un caos.
Ni quienes votaron por el proyecto de Moreno Valle y Antonio Gali están de acuerdo en la concesión del Soapap, en términos de lo que se paga.
La concesión del servicio del agua en Puebla fue opaca, pues el abogado que llevó a cabo el proceso de privatización, Vicente Corta, afirma que los particulares recibieron la empresa por 60 y no 30 años, como se dijo inicialmente.
Que Agua de México no pagó mil 400 millones, sino en realidad 6 mil 400 millones de pesos. Además, sus filiales son empresas fantasmas.
La concesionaria no ha desembolsado los 3 mil 800 millones de pesos, desde el 2014 para la modernización de la infraestructura.
Las tarifas son excesivas y además los diputados locales no se han puesto a revisar las tablas de cobro. Les vale madre.
El saldo tiene hoy al PAN y, sobre todo, al morenovallismo con un alto rechazo social. El góber anda con una calificación debajo del 5 y el alcalde del 4. No votaron por su causa en el 2015.
La pregunta es por qué seguir votando en el 2016 por quienes concesionaron el Soapap, si cada vez se paga más por un servicio caro y escaso, donde las ganancias quedan en la empresa.
El gobierno federal tampoco está contento. Desde la concesión a particulares, el Soapap quedó como oficina para garantizar que se cumplieran los acuerdos de inversión en infraestructura y ha usufructuado 700 millones de pesos anuales, sin que se reflejen en mejoras. La Conagua ha sido complaciente.
Con la concesión del agua potable a particulares, el candidato del gobernador para el 2016, Antonio Gali Fayad está condenado a perder las elecciones.
Nadie votará por el grupo que busca repetir en el cargo y le provocó que pagara más por el servicio de agua potable. En el 2015, los ciudadanos de la capital y su zona metropolitana se cobraron en buena parte las chingaderas del Soapap.
Cinco municipios que atiende el Soapap rechazan su servicio: Tepatlaxco de Hidalgo, Cuautlancingo, San Miguel Xoxtla, San Pedro y San Andrés Cholula.
Al gobierno de Rafael Moreno Valle no le quedará más que revocar la concesión. Ahí está buena parte de la estrategia de entregar el cargo a Tony Gali, quien hoy no ganaría con un esquema privatizador.
Pronto habrá noticias.
Los concesionarios ya ganaron dinero, el gobierno también; mientras el ciudadano ya se desquitó en la urna en 2015.
Hoy la concesión del agua es un voto contra al proyecto del gobernador.
