Por: Shanik David
Las pruebas de control de confianza no son suficientes para medir si un funcionario de alto mando de las corporaciones de seguridad se podría ver involucrado en actos de corrupción, pues incluso la confianza que se tiene en estos exámenes ha decaído con el paso del tiempo, aseguró Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas.
El abogado comentó que estas pruebas si bien sirven como un parámetro para determinar la vulnerabilidad que tiene una persona para caer en actos delictivos, ya no son suficientes, pues la delincuencia a avanzado tanto que se necesitan otros mecanismos de vigilancia.
Además, acusó que en la actualidad estas pruebas no se usan con su fin original, que era el de garantizar que las corporaciones policíacas contarán con elementos honestos, sino que en los últimos años se han empleado para manipular o despedir a los efectivos.
Incluso, refutó lo que declaró el diputado Francisco Rodríguez Álvarez hace unos días, quien afirmó que estos exámenes sirven para determinar si una persona es apta para ocupar algún cargo en las policía; ante esto, el abogado indicó lo contrario, pues para la medición de las aptitudes se tienen pruebas concretas de la carrera policíaca y que el control de confianza establece elementos como la ética y lo sensible que se encuentran las personas hacia la corrupción.
Ante este escenario, el abogado planteó que se necesitan reforzar estrategias adicionales a las pruebas de confianza para la vigilancia de las corporaciones policíacas.
Por un lado destacó que tanto el Congreso del estado como las organizaciones de la sociedad civil deben mantener una vigilancia constante en la situación en la que se encuentra la fuerza pública, pues en ocasiones los propios policías tienen temor a denunciar los hechos que cometen sus compañeros o altos mandos, ante el riesgo de que “los despidan o los desaparezcan”.
Otra acción sería que la Comisión de Seguridad del Congreso local, la cual preside Rodríguez Álvarez, presente una reforma penal en la cual se incrementen las penas a los funcionarios públicos que se vean involucrados en actos delictivos, y que incluso la Contraloría estatal tome acciones más concretas al analizar la situación patrimonial de los funcionarios y que esto no se enfoque únicamente a la entrega de las declaraciones patrimoniales de los mismos, sino que se dé seguimiento a estos temas para garantizar que no hay irregularidades en la situación financiera de los servidores públicos.
