Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han recibido llamadas de amenaza en sus domicilios, en las cuales se les exige que dejen el movimiento en defensa de los derechos de los sindicalizados o podría haber consecuencias en su contra o de sus familiares.
Esto lo describió la señora Guadalupe Martínez, quien es jubilada de la universidad, al momento de señalar que estas amenazas si le han generado una gran preocupación por su seguridad y la de su hijo, pero que no es justo que se les esté hostigando sólo por buscar el respeto por los derechos de los trabajadores.
Junto con ella han sido otra persona jubilada y un empleado en activo quienes han sido amenazados de la misma manera.
Esta situación de hostigamiento y cerrazón de parte de las autoridades universitarias a orillado a que los trabajadores se unieran, y conformaran el movimiento “Trabajadores y Jubilados Unidos”, el cual busca la rendición de cuentas de parte de las autoridades universitarias y que se cumplan con los estatutos de los derechos laborales.
Como ejemplo de esto, la señora Martínez explicó que aunque la federación otorgó un subsidio a la universidad para la aportación del 2.2 por ciento del aumento salarial a los empleados de base, el cual debió usarse para el pago de prestaciones no vinculadas al salario, este dinero fue desviado.
Aunque estos recursos venían etiquetados directamente para los trabajadores sindicalizados, la universidad los tomó para beneficiar a los académicos, para ampliar la bolsa para el premio de puntualidad para estos empleados, y dejando sin beneficio alguno a los sindicalizados.
A esto se suma la negativa que ha manifestado la universidad para equiparar el aumento salarial a los pensionados, quienes sólo recibieron el 3.4 por ciento en la pasada revisión salarial, cuando el resto de los trabajadores sindicalizados obtuvieron el 8 por ciento.
Además sigue pendiente la exigencia de la rendición de cuentas mensual del uso de los recursos del fideicomiso de pensiones, pues hasta la fecha se desconoce el destino de 609 millones de pesos que deberían ser empleados para el pago de los jubilados.
Incluso, señaló directamente al Tesorero de la universidad, Oscar Gilbón Rosete, pues en una reunión que sostuvo con los sindicalizados en mayo, cuando se comprometió a que todas estas exigencias serían atendidas, pero hasta el momento sigue sin haber una solución real.
Por este motivo, el movimiento lanzó un llamado al rector de la universidad, Alfonso Esparza Ortiz, para que el próximo lunes acuda a un diálogo público en la explanada de la rectoría a las 10 de la mañana.
Al respecto, José Guadalupe Romero, líder del Movimiento de Trabajadores Administrativos y Sindicalizados de la universidad, aseguró que con esto el rector demostraría que la declaración que hizo hace unos días, de que el diálogo es la mejor solución de los conflictos.
“En caso de no asistir Esparza Ortiz para resolver los puntos referidos, procederemos los alrededor de 300 jubilados a interponer un juicio laboral el 30 de junio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para reclamar dicho aumento salarial, esto además de las demandas ya interpuestas por los compañeros que reclaman su jubilación”, resaltó Romero.
