Una fianza por 116 mil 140 pesos se le fijó al maestro Miguel Guerra Castillo, acusado por el delito de ataque a las vías de comunicación por una manifestación que realizó la disidencia magisterial en septiembre de 2013.
La posibilidad de libertad bajo caución se abrió luego de la declaración preparatoria que dio Guerra Castillo este martes en Ciudad Judicial alrededor del mediodía, en la cual se le explicó la razón de su detención.
Un miembro de la familia de Guerra Castillo, quien evitó dar su nombre o su relación con él, pero que estuvo presente en la audiencia, explicó que el delito imputado al maestro está relacionado con una marcha que realizaron miembros del Comité Democrático Magisterial Poblano, luego del desalojo del que fueron objeto manifestantes que tenían un plantón en el zócalo de la ciudad de México.
Recordó que en septiembre de 2013, mientras se realizaba la discusión de la reforma educativa en el Congreso de la Unión, un grupo de maestros de diferentes partes del país instalaron un campamento en la plaza central del Distrito Federal, de donde fueron desalojados el 13 de septiembre en un operativo con exceso de fuerza pública.
Ante los hechos, la representación de la disidencia magisterial poblana realizó una marcha el 14 de septiembre en la autopista Puebla-México, de la cual se derivó la denuncia por la cual Miguel Guerra Castillo fue detenido el pasado lunes, un año y nueve meses después de la acusación.
Y es que es importante recordar que después de los hechos de aquella ocasión, el entonces secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, anunció la presentación de denuncias formales en contra de los maestros que participaron en esa marcha.
El testigo de la audiencia narró que cuando se le explicó todo esto a Guerra Castillo, éste aseguró ante los juzgados que no se le acusaba de un delito, sino sólo por ejercer el derecho de manifestación que brinda la Constitución, y por defender el derecho a la educación pública y gratuita.
Debido a que el delito achacado al vocero del CDMP no es considerado como grave, se le impuso la fianza de 116 mil 140 pesos, según informaron un grupo de disientes que realizó la tarde de ayer una manifestación afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia.
Sin embargo, debido a que Guerra Castillo lleva dos años sin trabajo, luego de que fuera dado de baja por oponerse a la aplicación de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), los maestros empezaron una colecta para juntar el dinero necesario para lograr la liberación del vocero.
Durante el mitín realizado afuera del edificio de la PGJ, Alfredo Lozano, del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, aseguró que la detención de Guerra Castillo representó una violación a los acuerdos que llegó este movimiento social con el gobierno federal, pues en la última reunión que se tuvo en la ciudad de México con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, se acordó que no habría más detenciones o persecución en contra de los miembros del frente para no afectar el diálogo que se había entablado.