Lo que menos influyó en las tendencias que perfilaban a los ganadores de la contienda fue el voto ciudadano y sí la operación electoral de estructuras paralelas a las de los partidos que se sostienen y movilizan con recursos públicos de distintos niveles de gobierno.
Éstas fueron las que realmente decidieron.
Su trabajo se dejó ver prácticamente desde el inicio de la contienda.
Durante semanas se escucharon voces, desde ambos lados de la trinchera, que aseguraban que se alteraban sistemáticamente las condiciones de equidad a través del descarado reparto de apoyos y la compra de conciencias.
Como pocas veces se había visto antes, el desaseo y las violaciones a lo que marca la ley electoral generaron sendas denuncias ante la autoridad electoral.
El ciudadano “libre”, el que en teoría ejerce un voto de conciencia en función de lo que considera lo mejor para él, quedó relegado a un segundo plano, lo que facilitó la manipulación y el acarreo.
Los genios electorales que definen estrategias y seleccionan candidatos, en esta ocasión trabajaron incansablemente para inhibir la presencia de poblanos en las urnas.
El nivel de los abanderados y su propuesta legislativa fue históricamente mediocre, lo que resultó suficiente para ahuyentar a los ciudadanos.
¿Por quién voto si todos están de la chingada? —fue el cuestionamiento más común en esta coyuntura electoral.
El sentimiento de orfandad del votante común y corriente fue demoledor.
Más allá de filias y fobias particulares, el sentimiento de desencanto ante la oferta política fue generalizado.
Paralelamente, los propios partidos y niveles de gobierno estuvieron detrás de las acciones masivas de fomento a la anulación del voto.
Como nunca, a través de redes sociales y otros canales masivos de contacto, supuestos individuos libres, en teoría cansados del pésimo desempeño de nuestros representantes populares y aparentemente de manera espontánea, invitaban a ir a las casillas y no cruzar alguna de las opciones que aparecían en la boleta.
En vez de emitir un voto válido, la llenaban con cualquier mensaje o reivindicación ajenos al proceso electoral.
En este contexto y más allá de la definición de vencedores y vencidos: ¿quién decidió entonces?
¿Somos los ciudadanos quienes elegimos realmente a nuestros representantes populares o siguen siendo los acuerdos cupulares —con su respectivos desvíos y operación de recursos públicos— los verdaderos electores?
En Puebla, la guerra de estructuras tuvo la última palabra.
