En un año, el alcalde José Juan Espinosa Torres ha destinado tres millones 784 mil 150 pesos sólo para obras de remodelación del palacio municipal de San Pedro Cholula.
Este monto, que fue gastado entre mayo de 2014 y enero de este año, se distribuyó en tres contratos que fueron adjudicados vía licitación pública, pero que beneficiaron principalmente a una misma empresa.
Comercializadora Paseo del Río S.A. de C.V., recibió dos de los contratos para estas remodelaciones, por un total de dos millones 115 mil 258 pesos.
Destaca que los recursos ejercidos para estas remodelaciones superan lo que se aplicó en el mismo período para las cinco etapas de bacheo que se adjudicaron, pues para estos cuatro contratos de destinaron tres millones 370 mil pesos.
El primero de estos contratos, adjudicado en mayo del año pasado, correspondió a la “rehabilitación de oficina de presidencia municipal y módulos de baños”, según se indica en el reporte de obras publicado en el portal de transparencia de la comuna cholulteca, y representó un costo de un millón 116 mil pesos.
En cambio, la segunda obra a cargo de esta empresa quedó registrada en enero como “segunda etapa de la rehabilitación de las oficinas de presidencia”, resultó más cara que la intervención anterior, a pesar de enfocarse sólo a la presidencia municipal, pues el monto reportado por este contrato fue de un millón 998 mil pesos.
La tercera obra, ejecutada por Magal Arquitectos S.A. de C.V., abarcó oficinas en general de la Comuna, y sólo costó 669 mil 691 pesos.
Hay que señalar que Comercializadora Paseo del Río S.A. de C.V. sólo ha realizado estas dos obras con el ayuntamiento de San Pedro Cholula, además de que recibió un contrato para obras de bacheo por 154 mil pesos a finales del año pasado.
Sin embargo, de acuerdo con bases de datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), esta empresa, registrada a nombre de Favián Enrique García Villegas, está registrada con un giro de “Minería” y no en cuestiones de construcción.
Incluso, la empresa ha recibido dos sanciones por parte de la dependencia federal por detectarse irregularidades en las condiciones generales de trabajo de los empleados de la misma, las cuales fueron aplicadas en 2013 y 2014.
