Los predios, propiedad de la Fundación Jenkins, pretenden ser adquiridos por el gobierno del estado para ofrecerlos como “estímulo” para que en Puebla se instale un campus de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Al parecer, la medida no ha sido bien vista por los altos jerarcas de la universidad, lo que ha desatado una auténtica oleada de presiones a través de la tristemente célebre Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
Ante el fracaso de la pretendida negociación se pasó a las presiones de todo tipo y de ahí, a la abierta y explícita amenaza.
Esto explica el por qué el rector Derbez y otras personalidades de altísima importancia en la vida de la UDLA hayan decidido recurrir al amparo de la justicia para proteger su integridad física y su reputación académica.
El pasado 6 de marzo, en una gira por Nueva York y Boston, el gobernador Moreno Valle sostuvo una reunión con la plana mayor de The City University of New York (CUNY) a quienes invitó a considerar a Puebla como un destino potencial para la instalación de un campus de la institución.
De acuerdo con el comunicado de prensa oficial, el mandatario estatal resaltó que Puebla es uno de los estados con mayor número de universidades, lo que le ha permitido convertirse en un referente cultural para la zona centro y centro sur del país.
Les vendió que “la entidad se mantiene como uno de los estados más seguros de México, además de resaltar las acciones que ha emprendido la presente administración en materia de educación, como la entrega de computadoras a niños y jóvenes con promedios altos y maestros destacados, aunado a la inversión en infraestructura para nuevos campus de Educación a Distancia, Centros Escolares y rehabilitación de escuelas”.
Aquí es donde se encuentra la importancia estratégica de esos predios, localizados en una zona ya previamente desarrollada en el ámbito habitacional y comercial, que está lista para brindar toda clase de servicios a directivos, académicos, estudiantes y trabajadores de una nueva institución de educación superior.
Y es que, traer a Puebla un campus con estas características es uno de los dos puntos importantes en la política educativa a aplicar en lo que resta del actual sexenio.
El otro se basa en lograr la extinción de aquellas universidades consideradas como “patito” por su dudosa calidad educativa y la consecuente reforma de los 16 institutos tecnológicos que existen en el estado.
A las primeras se les “ahogará” con la suspensión de becas, mientras que a los segundos se les someterá a una cirugía mayor en lo que a oferta educativa se refiere, buscando que se conviertan en semillero de mano de obra calificada para la floreciente industria automotriz establecida en Puebla.
Por eso, el relevo en la rectoría de esos institutos, en donde llegarán ahora perfiles mucho más políticos que académicos.
