La acción legal se da luego de al menos cuatro años de que los pueblos serranos empezaron la lucha en contra de los llamados proyectos de muerte, consistentes principalmente en minas a cielo abierto y plantas hidroeléctricas.
Pese a la movilización originada en la Sierra Norte, y a que incluso el gobierno federal ha informado que sí consideran esta situación como un problema de ingobernabilidad, las autoridades estatales se han mantenido al margen, no dando respuesta a las peticiones de apoyo de los pobladores.
Ahora, con estos juicios de amparo, se logró por primera vez de manera formal detener las acciones de las empresas transnacionales que ostentan las concesiones, lo cual podría ser el primer paso en la lucha en contra de estos proyectos.
Desde la Ciudad de México las organizaciones sociales que apoyaron a los pobladores de la Sierra de Puebla, y a los de Zacualpan, de Colima, dieron una rueda de prensa donde detallaron la estrategia legal emprendida.
Los amparos se presentaron en tres bloques; primero el 17 de marzo se presentó uno a nombre de los pobladores de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yahonahuac, después el 24 de marzo se interpuso la demanda de los indígenas de Colima, y por último el 7 de abril se entregó la documentación referente al caso de Ixtacamaxtitlán.
En todos los casos los jueces de distrito admitieron los recursos de amparo y otorgaron la suspensión definitiva a favor de los quejosos, es decir que las empresas no podrán realizar ninguna actividad en estas comunidades hasta que no se resuelva el juicio de amparo.
Durante el encuentro con la prensa Itzel Silva, abogada del Centro de Análisis e Investigación Fundar, explicó que las comunidades señalan como autoridades responsables en los amparos al presidente de la república, el Congreso de la Unión y la Secretaría de Economía, por la expedición de las concesiones mineras, así como por presentar y aprobar las reformas a los artículos de la Ley de Minería que ha permitido la entrega del territorio.
A decir de la abogada, este tipo de concesiones, que se han entregado en su mayoría a empresas transnacionales, representan una violación a diversos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales incluso ya son reconocidos en la Constitución.
Agregó que en particular las autoridades han violentado el derecho a consulta que tienen los pueblos originarios, pues estos permisos se han dado sin que se haya solicitado su aprobación previamente.
