23-11-2024 02:23:44 AM

Con la ley del agua, DF extraerá el recurso de Puebla

agua27

Con la discusión de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión se abre la posibilidad de la privatización del agua en todo el país, y en el caso de Puebla, donde este servicio ya se encuentra en manos de particulares, se pone en riesgo la cantidad del recurso en sí, pues a nivel nacional se analiza un proyecto para extraer el agua de la entidad para abastecer a la capital del país.

agua27En el marco del Día Mundial del Agua, diferentes agrupaciones ciudadanas realizaron un foro informativo donde denunciaron el proyecto que impulsa la Comisión Nacional de Agua, el cual afectará a los poblanos al reducirse el abasto del agua.

René Sánchez Galindo, consejero del Movimiento de Regeneración Nacional, explicó que el proyecto denominado Necaxa-Mizantla, consiste en la extracción de agua de la zona de la Sierra Norte de Puebla para ser llevada al Distrito Federal.

Si bien reconoció que este proyecto se mantiene todavía en análisis, sí representa un grave riesgo para el estado, pues según lo que se ha visto en la poca documentación que ha sido dada a conocer por la Conagua el proyecto abarcaría Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal.

A esta extracción masiva de agua se suma la afectación que ya hay en la zona norte del estado con el desarrollo de los llamados proyectos de muerte, como son las minas, la explotación de petroleo por medio del fracking o fractura hidráulica y las hidroeléctricas, detalló el también abogado.

Como ejemplo, Sánchez Galindo mencionó el caso del proyecto Monterrey 6, el cual fue licitado durante tres años a nivel federal y que actualmente se encuentra en manos de Grupo Higa, el cual, al igual que lo que se pretende hacer en Puebla, facilitó que la empresa extraiga agua de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y regiones de Nuevo León para abastecer a la ciudad de Monterrey.

A esto se suma que, de aprobarse la nueva Ley General de Aguas, todas estas acciones privatizadoras serán avaladas legalmente por lo que los ciudadanos perderán la posibilidad de ampararse en contra de estas acciones y quedarán indefensos ante los negocios “impulsados desde Los Pinos”, puntualizó Sánchez Galindo.

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