Se trata, simple y llanamente, de una medida que pretende maximizar la rentabilidad electoral para los candidatos palomeados desde la oficina del gobernador Moreno Valle.
Y es que, cada una de las plazas dejadas por los despedidos está siendo cubierta por personajes con amplia experiencia en la operación electoral y que en la mayoría de los casos provienen de otros estados de la República.
Se les ofrecen contratos por tres meses y con sueldos superiores a los que ganaban sus antecesores, algo que de acuerdo a la complicada realidad nacional resulta muy difícil de rechazar.
Algunos de ellos, inclusive, declinaron ofertas de trabajo que tenían para integrarse a dependencias estatales del gobierno federal.
Ellos tendrán a su cargo el “trabajo fino” en una serie de distritos que son considerados como estratégicos para los intereses políticos del morenovallismo.
Vale la pena recordar que el actual grupo político en el poder tiene vasta experiencia en la operación electoral financiada con recursos públicos.
En la coyuntura de la elección local de 2013, en este espacio documenté cómo entre el 25 de marzo y el 1 de abril de ese año, a poco más de un mes del inicio formal del proceso, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado de Puebla realizó una serie de movimientos financieros atípicos.
Se trató del reparto de 70 cheques de 30 mil pesos cada uno a diversos beneficiarios, como parte del programa “Transformar en Comunidad 2013”.
En teoría, los recursos serían utilizados para financiar obras en distintas comunidades al interior del estado.
La mayoría de los trabajos se referían a la rehabilitación y equipamiento de templos religiosos, rescate de manantiales y acondicionamiento de infraestructura urbana.
En algunos casos, una misma obra fue dividida en varias etapas; cada una amparando el valor nominal del cheque recibido, en la misma fecha, pero con un nombre diferente de beneficiario.
Así lo mostraba la relación completa publicada aquí en ese momento.
El valor nominal de los documentos ($30,000) garantizaba la asignación directa de la obra y el hecho de que todos hayan sido girados a favor de personas físicas y no morales, facilitó su cobro en efectivo.
Jamás existió, por cierto, evidencia documental de que las obras fueron efectivamente financiadas con estos recursos.
Hoy, vemos una historia muy parecida, con actores diferentes pero con un mismo guión: aprovechar todas las ventajas, lícitas e ilícitas, para obtener un buen resultado electoral en junio próximo.
