El gobernador de Puebla y prospecto presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, protagoniza otro escándalo: es acusado de tormento, amenazas de muerte y desaparición forzada contra la cúpula de la Universidad de las Américas (Udla), una de las instituciones educativas de excelencia en México.
La imputación la hace otro prominente panista: el excanciller Luis Ernesto Derbez, rector de esa institución con sede en Puebla, quien asegura que Moreno Valle pretende destituir de su cargo a él y a otros cuatro altos directivos, cancelarles su cédula profesional y “silenciar nuestro espíritu crítico del sistema”.
Los cinco afectados solicitaron, el 2 de diciembre de 2014, la protección de la justicia federal contra los actos de Moreno Valle y otras autoridades estatales, como el procurador de Justicia y el secretario de Seguridad Pública, así como del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet.
El rector de la Udla afirma que, el 26 de noviembre, él y los otros directivos se reunieron con los miembros de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que depende de Moreno Valle, quienes les exigieron renunciar voluntariamente a sus cargos o serían obligados mediante campañas de desprestigio por corrupción, desaparición y hasta asesinato.
“Lo anterior en virtud de que, según palabras de la Junta, nosotros somos ‘la moneda de cambio’ ¿De qué? Aún no lo sabemos”, asegura Derbez en la demanda de amparo que está en curso y de la que Proceso tiene copia.
Sin embargo, Derbez y los otros directivos están denunciados ante la Procuraduría de Justicia de Puebla por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, exceso de facultades y simulación de sesiones de la Fundación de la Udla, denunciada por Guillermo Jenkins Landa, exmiembro del patronato de ésta.
Al mismo tiempo, la Junta que preside José Gustavo Garmendia Domínguez –amigo de Moreno Valle– se niega a investigar las irregularidades supuestamente cometidas por los integrantes del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que también financia a la Udla, entre ellos el desvío de millones de dólares para inversiones ajenas a su objeto social (Proceso 1965).
Justamente por estas irregularidades en el manejo de la Fundación Jenkins es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presuntamente le retiró el registro como donataria certificada para deducir impuestos y su patrimonio se ha desplomado.
