Para el gobierno del estado no existen los presos políticos y los que se ostentan con este nombre son personajes políticos de poca moral que buscan sacar beneficios electorales con este tipo de señalamientos.
Así lo aseguró Luis Maldonado Venegas, secretario General de Gobierno, al comparecer frente a los diputados locales como parte de la glosa del cuarto informe de labores de Rafael Moreno Valle, en donde incluso se burló de los activistas por nombrarse presos políticos.
“Ese discurso que pretende ser utilizado con oportunismo electoral por líderes morales de algunos movimientos, líderes morales que en la realidad y en la práctica no tienen moral porque mienten, se diluye con evidencias”, puntualizó el encargado de la política interna del estado en el pleno del Congreso.
Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, Maldonado Venegas reconoció que hay nueve personas que podrían calificar como “presos políticos”, pues forman parte de las agrupaciones que conforman el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue) con las cuales se han entablado mesas de diálogo para atender diferentes situaciones que se viven en la entidad.
Entre estos se encuentran Rubén Sarabia Sánches, mejor conocido como Simitrio, y su hijo Atl Sarabia, líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, así como cuatro opositores de la construcción del Parque de las Siete Culturas en Cholula y los activistas que han sido detenidos por su oposición al gasoducto Morelos, como Juan Carlos Flores Solís.
Pese a esto, el secretario destacó que todos los que han sido detenidos son presuntos responsables de delitos del fuero común y en los procesos legales que hay en su contra se han salvaguardado sus derechos y libertades.
En cuanto al caso de San Bernardino Chalchihuapan, Maldonado Venegas apuntó que hasta la fecha se han cumplido nueve de las 11 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que sólo queda pendiente la capacitación de todos los elementos de la policía estatal en materia de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza y la indemnización de una de las personas afectadas durante el enfrentamiento del pasado 9 de junio.
Organizaciones refutan postura de Maldonado
Ante las declaraciones vertidas por Maldonado Venegas en su comparecencia, integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, apuntaron que desde agosto de 2011 a la fecha se han identificado al menos 128 casos de presos políticos en la entidad.
Carolina González Barranco, representante de este colectivo explicó que en su mayoría estos presos no son “políticos”, sino “simples ciudadanos que manifestaron su inconformidad contra medidas que los afectaban o afectan seriamente su propiedad, trabajo, vida cotidiana o su respeto y amor por el patrimonio cultural edificado y sus tradiciones”.
De estos 128 presos que han sido identificados, 15 siguen en prisión mientras que el resto han podido salir por diferentes motivos, añadió la activista.
La lista que presentó el Comité contempla, por ejemplo, a 30 campesinos de Chignahuapan que se manifestaron para exigir se les reconociera la propiedad de un predio de la exhacienda Atlamajac, por lo cual fueron reprimidos y encarcelados.
También se mencionan a 26 pobladores de Francisco Z. Mena que realizaron un bloqueo en la carretera en septiembre de 2012 para exigir que Pemex cumpliera con la promesa de obras para mejorar la zona a cambio de la autorización de explotación petrolera; en esa ocasión hubo un uso excesivo de la fuerza pública lo cual fue documentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Otros tres jóvenes fueron detenidos en mayo de 2013 por organizar por medio de redes sociales una manifestación en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto.
En el listado se mencionan además a Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, quienes fueron arrestados en abril del año pasado por su oposición a la construcción del Gasoducto Morelos.
Asimismo, se detallan mototaxistas, personas que han participado en manifestaciones en contra de la Red Urbana de Transporte Articulado, el retiro del registro civil de las juntas auxiliares, falta de servicios públicos en sus comunidades, la construcción del parque de Cholula, solo por mencionar algunos.
