Los indignantes hechos —publicados en este espacio el pasado lunes— ameritaron la acción directa del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga quien pidió a la CDH la utilización de su auditorio para organizar un encuentro para tratar la problemática que vive actualmente ese municipio y de manera concreta las relaciones entre el presidente municipal Domingo Jiménez Luna y los miembros del Comité de Ciudadanos de Nealtican en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
Y es que, todo parece indicar que la intervención de federales en la zona y los abusos contra ciudadanos como el aquí relatado tienen su origen en la enorme incapacidad de la autoridad municipal para brindar servicios de manera eficiente a los ciudadanos.
Entre ellos, por supuesto, el de seguridad pública.
Las omisiones del alcalde han generado que los habitantes del municipio se hayan organizado para defenderse contra la delincuencia, a través de la creación de este comité, lo que ocasionó el enojo del edil, quien envió un informe a la federación asegurando que en su municipio existían ya células que operaban como auto-defensas en el lugar.
De ahí que se lleven a cabo acciones como las del pasado 8 de febrero.
Por ello, José Fernando Emigdio Cuéllar Muñoz envío el 19 de febrero pasado un oficio dirigido a Adolfo López Badillo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, solicitando la utilización del auditorio de la Comisión para instalar la mesa de acuerdos.
La negativa llegó también vía oficio firmado por José Víctor Vázquez Juárez, Secretario Técnico Ejecutivo de la Comisión, quien aludió a problemas de agenda para poder facilitar las instalaciones y mediar en el conflicto.
Jamás propuso una nueva fecha ni se comprometió a intervenir en el tema más adelante.
Oficios similares, en donde se les invitaba a intervenir en el caso Nealtican recibieron tanto el Director General de Gobierno de la SGG poblana, Luis Carlos Migliavacca Monroy como el diputado presidente de la Comisión de Seguridad del congreso, Francisco Rodríguez Álvarez, quienes ni siquiera se tomaron la molestia de responderlos.
Para la dependencia estatal y la comisión legislativa, el infierno que vivieron los integrantes de una familia a manos de federales es irrelevante.
Una molesta nimiedad que los saca de su zona de confort.
