Organizaciones sociales en la entidad, que han sido críticas a la actual administración de Rafael Moreno Valle, exigieron al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al Procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, que expliquen durante su comparecencia del próximo viernes ante el Congreso del estado que fue lo que sucedió la madrugada del 8 de febrero cuando estudiantes de la Buap fueron desalojados del zócalo capitalino.
Jorge Méndez, del Movimiento Nacional por la Esperanza, y Ricardo Jiménez, del Movimiento por la Alternativa Social, señalaron que es hora de que los funcionarios del gabinete rindan cuentas, por lo menos ante los diputados del Congreso local, que se supone son los representantes populares.
De hecho, consideraron que ambos funcionarios tienen mucho que explicar en relación a los acontecimientos de seguridad y justicia que se suscitaron durante el año pasado y a que formaron parte del cuarto año de gobierno de Rafael Moreno Valle.
Así, manifestaron que tanto Carranca, como Facundo, tienen que explicar la represión contra mototaxistas durante el primer trimestre del año, los hechos del 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y ya en este 2015, el desalojo de estudiantes del zócalo capitalino.
Jorge Méndez, advirtió que los poblanos no olvidan, a pesar de que esa sea la estrategia a la que apuesta el gobierno del estado, y recordó que hasta este jueves suman 18 días de impunidad del desalojo violento de los jóvenes universitarios y más de seis meses de los hechos de Chalchihuapan.
Por su parte, Ricardo Jiménez, exigió que a la autoridad municipal que entregue las videograbaciones para no violar el reglamento que regula el uso de la tecnología para la Seguridad Pública de Puebla.
Concluyó al decir que en la ciudad de Puebla, se han invertido más de 55 millones en la instalación de por lo menos 900 cámaras de videovigilancia, sin embargo, no se tiene claridad de que estén beneficiando a la ciudadanía y en particular a las víctimas del delito.
