Abogados defensores que promovieron una serie de amparos a favor de las comunidades aledañas al volcán y en contra de la construcción del gasoducto dieron a conocer que les fueron negadas las peticiones para detener la obra, con una serie de argumentos ilegales por parte de los jueces.
Uno de los casos más llamativos se dio en el Juzgado 8vo de Distrito por no haber acreditado el domicilio, pues no les reconocieron como válida la credencial de elector como prueba.
“hasta ahorita no hemos tenido una sana, sensible y legal impartición de justicia. En específico sobre el amparo 1881/2014 el Juez Octavo de Distrito nos negó la suspensión provisional, porque nos dice que no se acreditó el domicilio de los promoventes, esto quiere decir, que le restó valor jurídico y legal a la credencial de elector que exhibimos junto con la demanda de amparo, lo que constituye una resolución ilegal”, explicó Patricia Montaño una de las juristas que ha llevado el caso.
Por su parte, Armando Domínguez, el representante de los quejosos de dicho proceso refutó que como les han dicho se están oponiendo al progreso, a lo que se oponen es al peligro al tener que vivir a un lado de una zona sísmica que están abriendo para sembrarle material de muy alto riesgo.
“Falta que los jueces en ese edificio se asomen y vean de qué forma está el peligro continuo (del Popocatépetl) de emanaciones y tremores, y salida de lava y elementos incandescentes”, dijo el representante de los afectados de Atlixco, quien agregó que la continua actividad del volcán le deja claro a los ciudadanos lo que puede pasar si algún día el gasoducto se dé. “De lo que se trata es de prevenir el desastre”, y los jueces no han evaluado el peligro que significaría la construcción del gasoducto.
La abogada Patricia Montaño denunció también que en el expediente del amparo de San Felipe Xonacayucan la demanda fue desechada porque no se acreditó la personalidad de la representante de los quejosos, que en este caso fue Lucina Quintero Rosas, hija de Enedina. Pese a que presentaron el acta de la asamblea comunitaria donde la joven fue nombrada como representante común, esto no bastó a los jueces.
Los problemas con la representación ante las autoridades se dieron también en el lado de Nealtican, en el Juzgado 12avo, donde el Juez argumentó que no existe un documento que justifique que los promoventes son representantes de dicho municipio, negando su interés legítimo.
Montaño dijo que la defensa quiere denunciar las “causas tan burdas” de las que se valen las autoridades para desechar las demandas, además de que el Poder Judicial les está negando los derechos a los habitantes de la zona del trazo de gasoducto, “incluso arbitrariamente”.
