Las versiones oficiales de casos como la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, la muerte de los hermanos Almanza Salazar baleados por militares, el crimen de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, las pesquisas del homicidio de Villas de Salvárcar o el fallecimiento del menor José Luis Tehuatlie, en Puebla, resultaron ser falsas, violando así el derecho a la verdad y la justicia, advierten especialistas.
En varios de los casos en los que la realidad ha salido a la luz en los últimos años, la sociedad en general, los medios de comunicación, las comisiones de Derechos Humanos, y cada vez en mayor medida las redes sociales, han sido un factor clave para develar las mentiras, y exhibir posibles actos de corrupción, encubrimiento y dilación en casos que han marcado al sistema de justicia en México.
Así lo indican expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Tecnológico de Monterrey, así como del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Casos como la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, la muerte de los hermanos Almanza Salazar por impactos de arma de fuego de militares, o el fallecimiento del menor José Luis Tehuatlie, quien recibió en la cabeza un impacto de proyectil efectuado por policías estatales de Puebla, son algunos de los ejemplos en los que las autoridades han dado una versión oficial contraria a la realidad y que han violentado el derecho a la verdad.
Los especialistas afirman que todos los gobiernos tienden a mentir ya sea para ganar tiempo o para encubrir a los responsables de algún acto fuera de la ley; sin embargo, en la actualidad las redes sociales, la ciudadanía y el trabajo de los medios de comunicación juegan un rol importante para llegar a la verdad y evidenciar posibles actos de corrupción, encubrimiento y dilación en casos que han marcado al sistema de justicia en México.
Para Raúl Carrancá, jurista y académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la sociedad está incrédula de sus autoridades por la forma en que han tratado de manejar temas tan delicados en los que “tuercen el sentido de las versiones”.
“Quieren confundir a la sociedad porque todo indica que hay complicidades espantosas pero jalándole al hilo se llega a conclusiones terribles; en ese sentido, hay omisiones por parte de las autoridades”, comenta.
A decir del jurista, para llegar a la verdad y a una justicia pronta y expedita, no se requieren de nuevas leyes, sino de una autoridad que actúe rápido porque “los gobernados sentimos que aquí se puede matar y mientras se averigua pasan los siglos”.
“Con sus versiones oficiales, sin culpar a alguien en concreto, quieren tapar el sol con un dedo, cuando vemos que hay focos claros de corrupción; con eso nos han demostrado que son para no mover una serie de elementos que no les conviene porque salen a la luz una serie de encubrimientos y corrupción espantosa”.
Para el estudioso la crisis en la procuración de justicia repercute en la impartición de la misma, lo que ha generado que la sociedad ya no crea en sus autoridades, porque “cuando uno lee las versiones oficiales, de entrada hay un índice muy elevado de incredulidad”.
Pero esto ya no es posible, pues las redes sociales han adquirido una función muy importante. Fernando Gutiérrez, experto en el tema, menciona que hay 60 millones de personas en el país que tienen acceso a la tecnología que utilizan para informar y denunciar.
El también director de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, dice que las redes sociales tienen la función de hacer trascendente lo intrascendente y eso genera un efecto de mitificación o desmitificación.
“Hablamos de nuevos tiempos, donde las tecnologías reconfiguran las formas en las que fluye la información y entonces ya no hay monopolios de la verdad. Ahora contrastar lo que aparece en los medios emergentes toma mucha importancia”, explica.
A decir del experto, las redes sociales pueden ayudar a esclarecer hechos, a desmitificar o “tirar” versiones oficiales; pero también pueden lograr el efecto contrario, presentar una mentira como una verdad.
“Estamos frente a un nuevo medio que tiene mucho poder y que tiene un alcance muy importante; 60 millones de personas en México tienen la posibilidad de acceso a estas redes que las utilizan como un medio para informar, para denunciar”, menciona.
Información para llegar a la verdad Samuel González Ruiz, académico de la UNAM, asegura que en todos los países del mundo se da esta tendencia a mentir, con el objetivo en la mayoría de las ocasiones de encubrir a los responsables.
“Todos los países tienen problemas en esta materia, el poder tiende a mentir y es función de los medios, de los periodistas y de la sociedad, demostrar que están mintiendo”.
Plantea que la sociedad estaba habituada a tener un Estado poco transparente, pero ahora con las vías de acceso a la información es más fácil llegar a la verdad.
Para Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el hecho de que las autoridades manejen una versión oficial contraria a la realidad, tiene intereses políticos.
“El manejo de la información oficial afecta seriamente a los derechos humanos, es un claro rasgo de una deficiencia de nuestro sistema de justicia que ha sido utilizado con intereses políticos y no técnicos”, asegura.
Para el especialista el hecho de que las autoridades manejen una versión no apegada a la realidad, afecta seriamente el derecho al esclarecimiento de los hechos, a proteger al inocente y en la reparación del daño.
“El derecho de acceso a la justicia se nos ve negado y en lugar de esclarecer los hechos nos dan una explicación oficial en la que en realidad están tratando de proteger a un grupo, institución o persona”, comenta.
Agrega que ese actuar de las autoridades es para ganar tiempo o para tratar de mantener una realidad de impunidad en la que vivimos y para impedir que los responsables no rindan cuentas de sus actos.
Escenas alteradas Uno de los casos es el de Tlatlaya, un municipio del Estado de México en el que el 30 de junio de 2014 se consumó una ejecución extrajudicial por parte de elementos del Ejército. En el comunicado oficial que emitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que sus elementos realizaban reconocimientos terrestres cuando ubicó una bodega que era custodiada por personas armadas, mismas que abrieron fuego en contra de los soldados.
Al repeler la embestida 22 de los agresores perdieron la vida, y más tarde fueron decomisadas 25 armas largas; liberadas tres mujeres que se encontraban privadas de su libertad.
La versión no se pudo sostener. Medios internacionales difundieron la declaración de una testigo presencial que reveló que luego del enfrentamiento los agresores se rindieron, y, una vez que estaban en el piso, los soldados los ejecutaron.
En las investigaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se confirmó el crimen. En su recomendación 51/2014, dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al procurador General de la República y al gobernador del Estado de México, sostuvo que 12 personas que ya se habían rendido, fueron privadas de la vida arbitrariamente.
El entonces ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, primero dijo que se trató de un enfrentamiento, ante las evidencias terminó por señalar que el lugar de los hechos fue alterado para tratar de simular que todos los civiles habían muerto durante el choque entre civiles y militares.
“Se alteró la escena, algunos cuerpos fueron movidos de su ubicación y otros de posición; se colocaron armas en los cuerpos y se sustrajeron equipos de comunicación”, según el documento.
Caso Puebla
Otro de los casos en los que la realidad se impuso a la versión oficial es el del menor de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie, quien perdió la vida el 9 de julio de 2014, durante un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la policía estatal de Puebla. La versión del gobierno estatal fue que aquél día, durante el operativo para desalojar a los manifestantes de la carretera PueblaAtlixco, Tehuatlie Tamayo murió por una lesión causada por la onda expansiva de un cohetón de un grupo distinto a la policía estatal y los manifestantes. Los comuneros aseguraban que los policías utilizaron balas de goma y una provocó el deceso del menor.
Dos meses después en la recomendación de la CNDH dirigida al Gobernador de Puebla, el organismo responsabilizó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, Facundo Rosas, y a los policías a su mando, de la muerte de José Luis.
El organismo nacional documentó que efectivamente no habían sido utilizadas balas de goma, pero que el menor falleció debido a que uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, que utilizaron los policías para dispersar a los manifestantes, impactó en su cabeza.
La CNDH señaló que durante el operativo en el que intervinieron 426 policías estatales, se actuó con uso indebido de la fuerza ya que los uniformados utilizaron de manera inadecuada su armamento no letal gas lacrimógeno, y uno de ellos se disparó a una distancia de 50 metros con dirección al menor de edad.
Justifican legítima defensa El 3 de abril de 2010, en Ciudad Mier, Tamaulipas, militares dispararon contra una camioneta en la que viajaba la familia Almanza Salazar, el saldo fue la muerte de Martín y Bryan, de nueve y cinco años de edad, respectivamente.
El entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que la muerte de los niños y las heridas a otras cinco personas de la misma familia, fueron resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército y no de un tiroteo cruzado con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.
“Los militares involucrados del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa”.
En la Recomendación 36/2010, dirigida a los titulares de la Defensa Nacional y de la PGR, la CNDH señaló que de acuerdo con los testimonios de los propios sobrevivientes “no llevaban camionetas adelante ni atrás y la visibilidad era clara. Disminuyeron la velocidad y bajaron los cristales. Avanzaron cuando un elemento militar les dio el paso e inmediatamente después les empezaron a disparar, por lo que huyeron al monte hasta que encontraron una casa en un rancho donde les brindaron auxilio”.
En marzo de 2010, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, dos de sus alumnos destacados murieron a consecuencia de los impactos de bala que recibieron de elementos del Ejército. Eran Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado con beca de excelencia.
De acuerdo con el reporte de Sedena, soldados se habían enfrentado a un grupo de criminales. Algunos se dieron a la fuga y cuando los estudiantes salían de esa casa de estudios les dispararon, confundiéndolos con delincuentes.
La Defensa Nacional sostuvo que los dos muertos formaban parte del crimen organizado; más tarde el rector del Tecnológico de Monterrey aclaró que se trataban de dos de sus alumnos.
La CNDH emitió la recomendación 45/2010, dirigida a la Defensa Nacional, la PGR, y al gobierno de Nuevo León, y señaló que la escena de los hechos fue alterada, se encontraron elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos, a la legalidad, la seguridad jurídica, así como al derecho a la información.
La noche del 30 de enero de 2010, en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en la más sangrienta: 15 jóvenes asesinados y otros 10 más lesionados fue el saldo del ataque de un grupo armado contra los estudiantes que se encontraban reunidos festejando un cumpleaños.
El entonces presidente Felipe Calderón, estigmatizó como pandilleros a los jóvenes que se encontraban en esa reunión, su versión se derrumbó: eran un grupo de alumnos en una reunión de compañeros.
Las autoridades presentaron a Israel Arzate Meléndez como el responsable del ataque; pero en noviembre de 2013 ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron su libertad inmediata, la declaración en la que confesó su presunta participación en la matanza fue resultado de actos de tortura.
Entre los casos recientes en los que la versión oficial resultó mentira también están la muerte de José Enrique Jiménez El Wicked, presunto homicida de la activista Marisela Escobedo, ocurrida en diciembre pasado. Aunque la Fiscalía General de Chihuahua aseguró que falleció de un paro cardiaco, después de una segunda necropsia tuvo que corregir: fue asesinado en su celda del Cereso estatal número 1, a pesar de estar en un área de alta seguridad.
