Misraím Hernández Fernández, defensor de los Derechos Humanos que ha acompañado el caso Chalchihuapan sostuvo que hasta el momento los habitantes de la comunidad que resultados heridos y afectados por el violento desalojo del pasado 9 de julio no han recibido un solo peso respecto de la reparación del daño que ordenó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación, a pesar de que se dio a conocer a través del portal e-consulta que existe un fideicomiso de 4 millones de pesos.
Entrevistado, el activista señaló: “la propuesta se ha hecho pública, pero los afectados no están dispuestos a aceptar, porque el aceptar eso es darse por servidos de lo que el gobierno está haciendo. Lo que se pide es justicia, y justicia es que se proceda legalmente contra quienes agredieron a la comunidad, esperaremos a que se haga justicia primero en ese tema”.
Aunque aclaró que si bien no representa ni puede hablar por todos las personas que resultaron afectados por las acciones policiales durante el desalojo, si mantiene la representación en los casos de Elia Tamayo, la madre de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, el menor que resultó asesinado en julio pasado, de Hugo Jiménez Varela, quién perdió la visión del ojo izquierdo y Gilberto Valera Tecalero quién perdió varios dedos de la mano, y que ninguno de los tres ha aceptado hasta el momento propuesta alguna de reparación del daño, hasta que no se proceda legalmente y se procese a los responsables de las agresiones, y entre ellos Facundo Rosas, el secretario de Seguridad Pública.
Hernández Fernández explicó que la recomendación de la CNDH plantea que la administración estatal está obligada a ofrecer una reparación del daño, pero que se espera que esta cumpla con los tratados nacionales e internacionales, y que la cifra que el maneja el gobierno estatal está muy lejos de los mínimos que se plantean en esos acuerdos firmados por el gobierno mexicano.
Por su parte, Elia Tamayo, sostuvo:
“Yo lo único que estoy pidiendo es justicia, que no se vuelva a repetir lo que él (Rafael Moreno Valle) está haciendo, porque si no pedimos justicia va a seguir haciendo más muertes, y ya no, porque esto es doloroso. Es imposible que si uno pierde un hijo lo devuelvan o reparen la pérdida, jamás, y eso no se vale.
CNDH niega información
El pasado jueves el portal e-consulta reveló que el gobierno de Rafael Moreno Valle creó un fideicomiso de 4 millones de pesos para indemnizar a 14 víctimas del desalojo, información que se obtuvo gracias a una solicitud de información que fue atendida a medias por el órgano responsable de la vigilancia de los Derechos Humanos en todo el país.
La respuesta sólo hizo público el monto del fideicomiso, pero no fue más allá, pues mantuvo bajo reserva la información sobre cómo se distribuirá dicho recurso, quiénes fueron los 14 lesionados que se reconocen oficialmente, tampoco dio a conocer las sanciones que se impusieron a los funcionarios de alto rango responsables del violento desalojo.
La respuesta a medias de la comisión se suma a la negativa de la PGJ y de la Contraloria estatal por dar a conocer los detalles de las sanciones y la indemnización a los lesionados.
De acuerdo con e-consulta “en noviembre pasado, la Procuraduría General de Justicia reservó la información sobre la fecha de creación del Fideicomiso Público denominado “Fondo para el Cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Actuó de la misma forma con el monto de recursos con que fue creado este fondo, el nombre de las personas contempladas y la cantidad estimada para cada una por concepto de reparación del daño”.
