Hay silencios que lo dicen todo. Hay omisiones inmensas como globos aerostáticos. Hay nombres prohibidos que a fuerza de callarlos se filtran. Hay ausencias tan grandes que desnudan. José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue el nombre tabú de la jornada de ayer, esa que Rafael Moreno Valle, el gobernador de transición que llegó a Casa Puebla apuntando a Los Pinos, preparó como antesala a su carrera rumbo al Distrito Federal (aunque en realidad haya empezado desde años antes).
La violación de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y la mano dura fue el signo de un año, el cuarto, que dejó cárceles llenas de presos políticos y ninguna traza de arrepentimiento.
En los 43 segundos que Rafael Moreno Valle dedicó al caso Chalchihuapan dejó en claro que para él, el asesinato del menor de 13 años la tarde del 9 de julio a manos de policías estatales fue responsabilidad de los que “trasgredieron la ley y alteraron la tranquilidad pública”.
“La obligación legal del gobierno es garantizar que impere el estado de derecho como condición indispensable para preservar el orden y la paz social. Lamentamos las dolorosas consecuencias de estos hechos, sin embargo el gobierno del estado siempre actuará con apego a al ley tal como lo exige la sociedad para preservar la concordia y la tranquilidad”.
Y el nombre prohibido, el del joven al que unas latas de gas lacrimógeno le rompieron el cráneo y la quitaron la vida, llenó la sala del modernizado auditorio, una obra a la que se destinaron 416 millones de pesos más 40 mil pesos por el pago de su nuevo nombre: “Auditorio Metropolitano Puebla”, mientras que al pago de las indemnizaciones de muertos y heridos en el desalojo de la autopista Puebla Atlixco, tan sólo se destinaron 4 millones.
Entre tibieza y omisiones
Y si el gobernado apenas le dedicó 43 segundo al tema que marcó el año, los diputados al fijar postura política durante el acto protocolario en el que el gobernador entregó al poder Legislativo su informe de labores lo mencionaron una sola vez y casi de pasada. Ahí de nuevo el tabú estatal y el nombre prohibido se omitió en la pasarela legislativa.
Hubo, sí, loas y aplausos por parte de los partidos que conformaron la coalición que lo llevo al poder. Hubo, también, reclamos más bien tibios por la violación a los derechos humanos y encarcelamiento de opositores. Hubo, por si faltara, quién salió a atajar las críticas reprochando al otro sus propios cadáveres. Tlatlaya. Ayotzinapa. Hubo al final, incluso, quien habló de decisiones “responsables y valientes” al calificar la privatización del servicio del agua potable. Lo que no hubo fue autocrítica y contrición, si eso fuera posible.
Tres partidos, PRI, PVEM y PT, cuestionaron, en diferentes niveles de tibieza, la represión; uno, el PRI, recordó lo sucedido el 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, pero ninguno llamó por su nombre a José Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
Como ningún tampoco habló de los habitantes de Chalchihuapan que están en la cárcel mientras que los seis policías responsables de la muerte del menor y las agresiones a los vecinos de la comunidad dejaron el penal desde la madrugada del pasado 24 de diciembre.
Qué nadie lo toque
Lizeth Pérez, la coordinadora de la banca del PT fue la primera en trae a colación el tema de la ley bala, una ley que dijo, ellos pidieron su abrogación:
“En la construcción de la democracia y en la divergencia de opiniones nos encaminó a la oposición de una ley, que a nuestro parece coartaba el derecho de expresión, y que este año con voz firme sugerimos su abrogación”, pero matizó: “nunca para obstruir el desempeño de la función pública, nunca para obstaculizar por afanes protagónicos o partidistas”.
Y tras ella subió a tribuna la diputada del Partido Verde, Geraldine González para señalar, también con bastante tibieza “los rezagos” y los retos por atender:
“En la entidad, el rubro del medioambiente presenta importante rezagos, tal es el caso del rescate del río Atoyac y del visionario proyecto d la ciudad verde de Valsequillo, aquello sumado a la represión y violación de los derechos humanos representan retos importantes que superar, lo cual solo será posible con tolerancia e inclusión”.
Pero no hubo tolerancia para la crítica, y en respuesta la coordinadora de la bancada del Partido Nueva Alianza le contestó:
“Coincido con usted compañera diputada respecto a la importancia del medio ambiente, no recuerdo otro gobierno estatal que le haya apostado al desarrollo sustentable y los temas ambientales como este, es por lo cual reitero mi felicitación a este gobierno que si ha sancionado a las empresas que contaminan los mantos acuíferos a diferencia de la administración pasada que protegió a empresas que descargaban líquidos tóxicos en el río Atoyac. Así mismo, es oportuno enfatizar que la reforma en derechos humanos fue avalada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a su constitucionalidad y pertinencia, en ese mismo sentido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que sería deseable que todos los estados de la República cuenten con una ley similar”.
En su participación, el diputado Sergio Salomón Céspedes, encargado de la postura del tricolor cuestionó temas como la privatización del agua, la verificación vehicular, la fotomulta y el caso Chalchihupan:
“Que los derechos humanos no deben ser bandera política, partidista ni de extracto sociales, ni de condiciones legales, mucho menos monedas de cambio para posiciones de lucro. 2014 no fue el año de los derechos humanos, aunque se dieron cambios en la Constitución del Estado referidos a la protección de estos derechos, en la práctica no fue así. Ante los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en la comunidad de Chalchihuapan, la bancada de nuestro partido pugnó porque la CNDH atrajera el caso, después de hacer una exhaustiva investigación la comisión hizo una serie de puntualizaciones (…) y varias de las recomendaciones se basan en que (el estado) no obedeció lo especificado en la ley”.
En respuesta el panista Franco Rodríguez, el legislador que llegó como el perfil ciudadano de esta legislatura, le respondió señalando los resultados de las administraciones precedentes, todas ellas emanadas del tricolor.
“Por principio de cuenta no puedo dejar de señalar una enorme incongruencia, los que hoy hablan de autoritarismo son los que someten con una línea vertical a los representantes populares, y lejos de ofrecer argumentos ponen la cara, ante las apabullantes cifras y logros del gobierno estatal. Son los mismo que ante la falta de oficio político tienen como respuesta que el gobernador un reconocimiento por el trabajo realizado por el gobierno federal, Coincidimos, es un tema que preocupa nacional, los derechos humanos (sic), es un tema en el que tenemos que trabajar con nuestras instituciones, trabajemos de manos de ellas para que Puebla no sea escenario donde veamos hechos lamentables como los ocurridos en el estado de México, Ayotzinapa.
Y aunque desde el PRD se habló también de la crisis de derechos humanos que se vivió en el 2014 la mención fue al ámbito nacional, pues al diputado Julián Rendón Tapia que mencionó el caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos, se le olvidó el caso Chalchihuapan.
