Con el fin de verificarsí se cumplen las condiciones de seguridad y atención y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a los presos políticos del estado, un grupo de diputados del PRD acudieron ayer a los penales de San Miguel, en la capital poblana, y de Cholula.
Y en su periplo antes que sortear los puntos de revisión tradicionales primero tuvieron que librar la aduana que los mantuvo fuera del penal capitalino por espacio de dos horas antes de poder ingresar, una aduana que a decir de los propios legisladores se debió a la resistencia del gobierno del estado.
Incluso, minutos antes de ingresar el senador Luis Sánchez señaló: “constatamos la actitud del gobernador, una actitud cerrada, siempre contraria a los derechos humanos, hay medidas cautelares que otorgó la CNDH por que es obvio que han estado incomunicados, y a pesar de las medidas vemos que hay reticencia a que uno se pueda comunicar con ellos”.
Por su parte, la diputada Roxana Luna Porquillo explicó que la comisión de legisladores se conformó a petición del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla y de los propios familiares de los presos detenidos pues algunos de ellos han visto deteriorarse su salud sin recibir la atención necesaria.
“Hace ocho días venimos otra comisión de diputados y se nos negó el acceso, hoy está notificada la CNDH para podernos acompañar, no ha llegado, pero estamos esperando que se nos autorice el ingreso, y esperamos que no se hayan violentado las medidas cautelares que se dictaron por parte de la comisión”.
Junto con Roxana llegaron también la diputada Josefina Salinas, los legisladores Francisco Jiménez Pablo y Carlos Reyes Gámiz, este último vocero del grupo parlamentario en la cámara, y el senador Luis Sánchez, vicepresidente de la mesa directiva del senado.
Tras dos horas de su primera visita en el penal capitalino, y poco menos de una hora en el penal de Cholula, en donde pudieron conversar con casi todos los detenidos políticos, los legisladores confirmaron que efectivamente hay un deterioro en la salud de los presos pero que ya se ha iniciado su atención médica, esto después de las denuncias mediáticas que se lanzaron y la presión política que se ejerció.
“Algunos compañeros tienen problemas de salud, están delicados, ya les están atendiendo, están en el área de servicios médicos. El día de hoy ya le autorizaron al compañero Rubén a que ingrese su médico particular, ahí tienen una atención muy básica y no es adecuada a su nivel de salud, hasta el día de hoy que ingresamos a visitarlos es cuando finalmente les autorizaron la visita del médico particular, bueno”.
El perredista también explicó que seguirán con las movilizaciones y que realizarán una marcha a la secretaría de Gobernación, pues las marchan han dejado de tener impacto en la administración estatal y por el contrario se corre el riesgo de que el estado responda con violencia, “como ya ha sucedido”. “Y ellos (la Segob) también tiene un papel que jugar en esto”.
Y aunque no fijo una fecha si aclaró que será antes del informe de labores del mandatario estatal.
Por último insistió en que la fracción perredista que encabeza, Alternativa Democrática Nacional (ADN), no ha quitado el dedo del reglón en la exigencia de un juicio político para Rafael Moreno Valle, y que están trabajando en las pruebas que presentarán, aunque no adelantó fechas.
