Make Pro y Radiorama son dos de las empresas ligadas a Televisa a través de las cuales Rafael Moreno Valle, el gobernador panista que aspira a la silla presidencial, ha hecho llegar al resto del país su imagen, violando con ello la ley y la constitución, sin que hasta el momento haya recibido sanción alguna.
A la andada mediática con la que el actual mandatario poblano busca cimentar su camino rumbo al 2018 también se ha sumado Cablevisión, empresa subsidiaria del consorcio televisivo a quien se le señala como copartícipe del regreso del PRI a Los Pinos.
Aunque el Instituto Nacional de Elecciones (INE) no pudo documentar su participación en la transmisión de 294 spots del tercer informe insertos en la programación de 14 canales de cable, su participación se reflejó en el monitoreo que pidió y pagó el PRI y que sirvió de base para iniciar un proceso especial sancionador por parte de la autoridad electoral.
De poco sirvió pues el documento que entregó Anuar Julián de los Santos, subdirector jurídico de Puebla Comunicaciones y apoderado legal para pleitos y cobranzas por el organismo estatal, fechado el 10 de junio, en el que se reconoce que el organismo firmó contratos con Televisa, Canal 40, Uno TV, Telefórmula, Milenio TV, Grupo Imagen, Megacable, MVS, Ultra y PCTV por 44 millones –20 de ellos tan sólo para Televisa— relacionados con el tercer informe de gobierno de Rafael Moreno Valle, no fue ratificado.
Y no fue ratificado a pesar de la petición formal del INE pues a Anuar de los Santos primero se le levantó un acta administrativa, y más tarde dejó de laborar para el gobierno del estado. El funcionario fue buscado y citado en varias ocasiones a comparecer en la investigación, sin que atendiera al llamado.
A la par, el director de Puebla Comunicaciones, Héctor Alcudia Goya, rechazó durante la investigación la existencia de dichos contratos, aun cuando el propio gobierno ha reconocido la relación laboral con varias de las empresas citadas.
26 estado en 2014
Para la transmisión de 8 mil 99 spots de radio y televisión, el gobierno de Rafael Moreno Valle contrató, entre otras empresas, a Radiorama SA de CV, compañía que incluye entre sus varias razones sociales a las siguientes firmas:
- Grupo HK SA de CV
- Comercializadora en Servicios de Guadalajara SA de CV
- Grupo DK SA de CV
- Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV
- Contromedios SA de CV
- BAC comunicaciones, SA de CV
El monto que pagó por los servicios de la compañía que mantiene una sociedad con Televisa Radio y la española Grupo Prisa, hasta el momento se desconoce, pues la administración estatal no ha dado a conocer su gasto en medios de comunicación en el 2014. Lo que sí se tiene registrado es el pago de 2.6 millones de pesos a Operadora de Publicidad de Guadalajara SA de CV en el 2013.
Para el 2014, Radiorama transmitió spots del tercer informe del gobernador Rafael Moreno Valle en 26 estados y a través de más de 80 radiodifusoras de las 431 que registra el grupo como afiliadas, en las que se incluyen lo mismo emisoras de los grupos Exa, Ultra, y Milenio Radio.
La transmisión de spots, según verificó, documentó y comprobó el INE, se realizó no sólo fuera del territorio que gobierna Moreno Valle, sino incluso fuera de los tiempos legales que concede la constitución para la promoción de las acciones anuales de gobierno.
Y los estados con el mayor número de impactos, fuera de Puebla fueron:
- Distrito Federal (383)
- Sonora (350)
- Nayarit (313)
- Guanajuato (319)
- Jalisco (290)
Prácticamente, uno de cada cinco spots que se transmitió para promocionar el 3er informe de labores del mandatario estatal se radió en una de estas entidades.
Y aunque la investigación del INE decidió no sancionar directamente a grupo Radiorama, sí estableció sanciones contra 82 estaciones de radio vinculadas al grupo que encabeza Enrique Pereda Gómez. Sanciones que se buscó impugnar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), aunque el magistrado Pedro Esteban Penagos López rechazó y confirmó la sentencia dictada en junio de 2014.
Lo que hasta el momento no se ha resuelto es el tipo de amonestación que recibirá el gobernador del estado, pues a pesar de que el INE ordenó al Congreso revisar el caso y castigar al funcionario estatal, hasta el momento los diputados no han acatado la resolución del organismo electoral.
Radiorama y la reincidencia
La sanción de 2014 al grupo radiofónico del que forman parte Organización Radiorama, Televisa y Grupo Prisa, no es la primera que les aplican por poner la cadena radiofónica al servicio de los intereses promocionales de Moreno Valle.
En 2012, la investigación que realizó el organismo electoral –entonces conocido como Instituto Federal Electoral— tras la denuncia presentada por Jesús Hernández Torralba confirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle ya había transmitido 177 spots de manera ilegal en los estados de Tamaulipas –La Poderosa–, Jalisco –Ciudad 1480 y Frecuencia Deportiva– y Colima –Los 40 Principales–.
Por su parte el quejoso documentó la transmisión de 33 spots en una de las estaciones que Radiorama tiene en la ciudad de México: La Romántica 1380.
Hernández Torralba también documentos la transmisión de spots en estaciones del Distrito Federal pertenecientes a las empresas Grupo Radiocentro y Radiofórmula.
Todo el país en 2012 de la mano de Make Pro
En el 2012, el gobierno de Rafael Moreno Valle inundó las salas de cines del país con anuncios propagandísticos al transmitir 3 mil 266 spots cinematográficos o “cineminutos”, es decir 54 horas y 43 minutos de productos promocionales que fueron reproducidos entre el 6 y del 19 de enero en 164 complejos cinematográficos en todo el territorio nacional, omitiendo paradójicamente un solo estado: Puebla.
Y para dicha tarea se contrató a la empresa Make Pro, compañía subsidiaria de Corporativa Interamericana de Entretenimiento (CIE), que a su vez mantiene nexos económicos y sociedad con Televisa.
Llama la atención que, de acuerdo con el entonces responsable de la comunicación social en el gobierno poblano, Sergio Ramírez Robles, la dirección a su cargo asignó la publicidad gubernamental basada en “criterios de impacto y efectividad para la difusión de acciones, campañas de servicios y obras que se pretende lleguen a la población con una amplia cobertura”, pero no existe un documento rector para dicho fin, según reconoció el funcionario en una solicitud de información.
Resalta también que las campañas, al menos la cinematográfica y la radiofónica como lo comprobó el IFE se llevaron a cabo fuera del territorio poblano e incluso en el segundo caso, superando el periodo permitido por ley para promocionar el informe de gobierno.
Resultado de dichas investigaciones el IFE ordenó se iniciaran procedimientos de sanción en contra del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a cargo del Congreso del estado, y de su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, a cargo de la Secretaría de la Contraloría.
Violando la constitución sin consecuencias
En los dos procesos, el de 2012 iniciado por un ciudadano y el de 2014 iniciado por el PRI, aun cuando la autoridad electoral –primero el IFE después el INE– encontró responsable al mandatario estatal de la violación reiterada de la constitución, la impunidad ha prevalecido.
Así lo señaló el organismo en el primer caso: “esta autoridad considera que debe establecerse un juicio de reproche en contra del actual Gobernador del estado de puebla, en razón de que la promoción personalizada que se configura es inherente a su persona”, y se llegó a la conclusión de que el Congreso local es el único facultado para establecer un juicio del tipo referido, pero la visión no fue compartida por los diputados locales.
La anterior legislatura desechó el caso relacionado con Make Pro, pues a decir del entonces presidente de la comisión de Gobernación, Gerardo Mejía, citado por el diario La Jornada de Oriente: “el Poder Legislativo se encuentran imposibilitado para sancionar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas o al director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, por violar la Constitución del país en la difusión del primer informe de labores”.
Y aunque la actual legislatura no ha entrado a analizar el caso de 2014 se espera que mantenga la misma línea de declararse incompetente y dejar sin sanción al mandatario estatal por violar de manera reiterada a través de “actos de promoción personalizada a su favor, en detrimento del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según se lee en la resolución que tomó el organismo electoral.
Documentos revisados
Resoluciones del INE:
Resolución del TEPJF:
Resolución del IFE:
CG280/2012
