El pasado 18 de agosto el gobierno de Rafael Moreno Valle informó que había impuesto una multa y una amonestación al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por su responsabilidad en los violentos sucesos que derivaron en la muerte de un menor de 13 años en las inmediaciones de San Bernardino Chalchihuapan, pero jamás dio a conocer el monto de la multa.
El dato, junto con información sobre el fideicomiso de pago a las víctimas de la brutalidad policiaca, el nombre de los funcionarios destituidos e incluso las asistencias al acto en donde el gobierno del estado por conducto de José Montiel, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado ofreció disculpas por lo sucedido han sido ocultadas por el gobierno del estado a pesar de las varias solicitudes de información que se han presentado hasta el momento, argumentando que se trata de información reservada.
Al respecto, la diputada panista y ex contralora del estado, Patricia Leal Islas, validó la reserva de la información argumentando que el proceso debe llevar secrecía hasta que no quede firme, es decir hasta que ya no pueda ser combatido jurídicamente por los funcionarios sancionados.
“Hay que recordar que por ley algunas cosas que los servidores públicos debemos de guardar reserva, sino incurres en responsabilidad”.
La legisladora agregó que “hay que recordar que todos tenemos derecho a defendernos, y hay muchos medios de defensa, y muchas veces se van alargando si tu interpones además de los recursos ordinarios los juicios de amparo”.
Y concluyó señalando que no hay plazos fijos posibles para que las sanciones queden firmes, todo depende de la defensa que se haga.
Por su parte el líder de la bancada priísta en el Congreso se pronunció por que la administración de Rafael Moreno Valle haga pública las sanciones contra los funcionarios acusados y denunciados y en general todo el proceso de cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso Chalchihuapan.
“A mi me parece que debería ser un proceso claro, transparente, que contribuya en todo caso en darle a la opinión pública la seguridad de que se actúo con apego a la ley y que la investigación que se hizo estuvo bien conducida”.
