La noche del jueves pasado el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan entró en psicosis. Sobre la carretera federal Puebla Atlixco, a la altura del kilómetro 16, es decir en la carretera de entrada a la junta auxiliar, 20 patrullas de la policía estatal esperaban la orden de entrar.
Y aunque no entraron, el miedo de que pudieran darse nuevas detenciones corrió por las calles de la población.
Cerca de las 11:15 de la noche, cuenta Araceli Barranco, madre de, Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de Chalchihuapan y quién se vuelto la vocera de la comunidad, dos helicópteros sobrevolaron la población. El terror se ha vuelto el nueva arma de acoso contra los disidentes, explica.
“Cuando empieza a anochecer todo aquí cambia, es como si viviéramos el terror todo los días. De antemano yo responsabilizo de lo que llegue a pasar aquí, porque no queremos más lastimados, no queremos que siga lastimando a este pueblo”.
Fue cerca de las 10 de la noche cuando les avisaron que las camionetas de la policía ministerial se habían agrupado en la carretera federal y estaban ocupadas por personas “encapuchadas y con armas largas”.
“Hicimos muchísimas llamadas, alguna tuvo que funcionar, pues se fueron como a los 40 minutos, pero no se fueron del todo, se fueron como a 500 metros más adelante donde está un Oxxo”.
De las inmediaciones del pueblo se retiraron a las 11:30 de la noche, aunque puntualiza la mujer que se ha quedado al frente de la comunidad, “no solo estuvieron en el kilómetro 16, también estuvieron en el puente en la parte de abajo, sobre la autopista, ahí estuvieron con cámaras y computadoras, pues aunque es de noche se veía lo que estaban haciendo. En ese momento nos percatamos que a los teléfonos se les comenzó a ir la señal”.
De confirmarse lo dicho, se habría implementado una estrategia de bloqueo de la señal, pues asegura la mujer que cuando sucedió lo que narra les resultó muy complicado poder hacer uso de los aparatos.
No es la primera vez que un convoy de la policía del estado ronda las inmediaciones de la comunidad que desde el pasado 9 de julio, cuando tomaron la autopista Puebla Atlixco en protesta por el retiro de la facultad del registro civil a las juntas auxiliares, lo que derivó en un fallido operativo policial que se saldó con la muerte de un menor de 13 años.
El pasado 24 de octubre la alerta saltó en los teléfonos de reporteros y defensores de los derechos humanos, desde Chalchihuapan, Araceli Bautista y algunos otros vecinos alertaban que cerca de nueve patrullas de la policía estatal estaban agrupadas cerca de la entrada al pueblo.
Recién habían pasado seis días desde la madrugada del 18 de agosto, cuando la policía estatal rompió a golpe marro las puertas y la tranquilidad de seis domicilios, incluido el de Araceli Bautista pues buscaban a su hijo Javier, para llevarse a rastras y a golpes a cinco vecinos de la comunidad acusados de golpear policías en la desalojo de julio pasado.
Pero nada pasó, luego de merodear la zona se retiraron como llegaron: entre las sombras.
Desde entonces en la comunidad se compraron algunas alarmas como un sistema de alerta, e incluso algunos vecinos salen a las calles por las noches para vigilar que no se repita lo de la noche del 18.
Y sentencia la mujer: “La gente ya no está durmiendo, la gente sola se despierta y está cuidando al pueblo, y espero que el gobierno no nos vaya a hacer lo que le hizo al presidente de Canoa que una de los delitos es porque tiene policías. En este pueblo no hay policías, es el dichoso vecino vigilante, todos los vecinos están despiertos toda la noche, y como no quieren que lo hagan, están defendiendo sus hogares, a sus familias”.
