Sí, con todo y las constantes declaraciones de apoyo por parte del mandatario estatal a prácticamente todas las medidas y decisiones que toma Peña Nieto, en los hechos, el morenovallismo ha puesto en marcha ya una estrategia que nada abona a los intereses políticos del presidente.
De entrada, la madriza mediática que se ha centrado en exponer actos de corrupción cometidos en la pasada administración estatal de extracción priista.
Hechos de los que tenía conocimiento el actual grupo en el poder desde el inicio del sexenio y que aún así, teniendo todos los elementos para hacerlo, jamás actuaron jurídicamente para castigar a los responsables.
Al gobernador Moreno Valle no le han gustado los reportes que le han llegado en las últimas semanas sobre eventos públicos masivos encabezados por funcionarios del gobierno federal en varios municipios del estado de Puebla, en donde se entregan apoyos y beneficios de programas sociales.
Es evidente que la intensidad con la que se han realizado éstos y la respuesta ciudadana a los mismos, corresponden a la coyuntura electoral del proceso federal y a la intención del grupo político del presidente de sumar la mayor cantidad de curules a la próxima legislatura.
En este contexto, los operadores electorales del gobierno de la República han intensificado su labor, logrando meter a 2,500 personas en Cuetzalan, 6,000 en Atempan, 4,000 en Hueyapan, 5,500 en Tlatlauquitepec, 7,000 en Chignahuapan, 6,500 en Ajalpan, 10,000 en Tehuacán, 5,000 en Santa Rita Tlahuapan, 7,000 en Huejotzingo, 5,500 en Izúcar de Matamoros y 6,000 en Tepeaca.
Es obvio que el gobierno del estado considera peligroso para sus intereses el hecho de que esta operación electoral pudiera ser aprovechada para echar a andar proyectos políticos personales, que pudieran competirle a los candidatos del morenovallismo en los procesos locales de 2016 o 2018.
También ha quedado claro que ha sido una farsa el famoso ajuste de cuentas en contra de funcionarios corruptos de la pasada administración.
Los casos que hoy se ventilan en los medios son de sobra conocidos y en su momento, antes de que prescribieran algunos de los delitos, el gobernador y su grupo podrían haber encarcelado no sólo a los funcionarios señalados en las “investigaciones periodísticas”, sino al mismísimo jefe de la banda: al ex gobernador Mario Marín Torres.
Prefirieron negociar, convirtiéndose así en cómplices de esa corrupción que dicen combatir.
Penoso.
