Organizaciones locales y nacionales abocadas a la defensa del Derecho de Acceso a la Información y la transparencia cuestionaron el retraso y la violación a la ley en la emisión de la convocatoria para la renovación de uno de los tres integrantes que conforman la Comisión de Acceso a la información Pública (CAIP).
“Esta grave omisión de parte de los legisladores que integran el órgano de gobierno del Congreso local generara que este proceso de designación este viciado de origen y pueda ser impugnado”.
La postura del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, el colectivo por la Transparencia, que agrupa a organizaciones ubicadas en la ciudad de México, y la organización México Infórmate se suma a la crítica que lanzó en días pasados la presidenta del Asociación Mexicana del Derecho a la Información capitulo Puebla, Lilia Vélez Iglesias por el mismo tema.
En aquella ocasión la también directora de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana planteó que:
“El Congreso tomó una pésima decisión (al retrasar la convocatoria) que pone en riesgo el proceso mismo y que golpea a un órgano que me parece de suyo ya está muy golpeado en términos de credibilidad, ha habido una serie de críticas y señalamientos, no sólo en Puebla sino a nivel nacional, sobre su actuación y creo lo que menos necesitamos es que el proceso de renovación inicie con una clara violación de la ley, y con una circunstancia que de entrada lo que hace es generar dudas y desconfianza al proceso”.
Al respecto, las organizaciones citadas fijaron su postura mediante un comunicado en el que señalan:
“El argumento esgrimido por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y por el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, presidente de la Comisión de Transparencia, en el sentido de detener la publicación de la convocatoria para analizar la solicitud de reelección de la actual comisionada, Alexandra Herrera Corona, carece de sustento jurídico pues cualquier análisis debió haberse realizado una vez publicada la convocatoria”.
“De lo contrario, se abre la posibilidad de poner en circulación una convocatoria ‘a modo’, a partir de la solicitud de una aspirante al cargo que pone en condiciones de desigualdad jurídica al resto de interesados en participar en este proceso”.
De acuerdo con el procedimiento que establece la ley de transparencia (artículo 68) la convocatoria debió emitirse en la tercera semana de octubre y a más tardar el 15 noviembre –es decir en ocho días más—se debió tener lista las propuestas de aspirantes para comenzar con el proceso de ascultación. Pero hasta el momento sigue sin lanzarse la convocatoria.
“La indefinición del Congreso del estado en torno al proceso de designación de un(a) nuevo(a) comisionado(a) para la CAIP no so lo pone en riesgo la legalidad del proceso mismo, sino la independencia y la institucionalidad del organismo autónomo del estado para velar por los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales”.
A la par de que se distribuyó el comunicado de las organizaciones también comenzó a cuestionarse vía redes sociales la situación utilizando el hashtag #ViciadoDeOrigen
