Operadores del rector Alfonso Esparza se han dado la tarea de “convencerlos”, a través de un interesante paquete de beneficios, de tramitar sus credenciales de elector en Puebla y a partir de ahí firmar los documentos necesarios para solicitar su afiliación a estos institutos políticos.
Así como lo lee.
Entre los beneficios prometidos están el trato privilegiado, el suavizar los rígidos criterios académicos para mejorar las calificaciones, apoyos para la firma del servicio social y facilidades para el proceso de titulación.
Sin embargo, el privilegio que más incide en la decisión final de votar en Puebla y pertenecer a alguno de estos dos partidos políticos es el llevar mano en el proceso de afiliación masiva al Instituto Mexicano del Seguro Social, que lleva a cabo la universidad.
A mediados de octubre, la Dirección de Administración Escolar emitió la convocatoria para que todos los alumnos de nivel licenciatura pudieran tramitar su afiliación al IMSS y así gozar de los beneficios de contar con seguridad social.
Sobra decir que la génesis de la estrategia se dio en la oficina principal de Casa Puebla y su autoría se le atribuye , ni más ni menos, que al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.
Se dice que él mismo, personalmente, le dio la orden a Alfonso Esparza de echar a andar todo esto de forma inmediata.
El rector, sumiso, oootra vez, le dijo a todo que sí.
Es más, un operador político del gobernador —con cargo en el gabinete estatal— es quien tiene la encomienda de verificar que las órdenes del mandatario se cumplan al pie de la letra y que la estrategia se lleve a cabo de manera puntual.
Hasta ahora, los resultados se han dado tal y como se esperaba.
El control político de los alumnos de la BUAP es fundamental no sólo para que el grupo político del gobernador opere el proceso de toma de decisiones prioritarias al interior de estos partidos, sino para tener una reserva importante de votantes potenciales que abone a sus intereses en los procesos del 2015 y sobre todo, el de 2016.
Por cierto, en el gobierno federal no cayó nada bien el hecho de que el rector Esparza haya fomentado la participación de universitarios en las acciones de protesta por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, cuando saboteó e inhibió por medio de amenazas la presencia de estudiantes, académicos y trabajadores de la BUAP en la marcha ciudadana de condena por la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo a manos de policías en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.
Por cierto, tampoco gustaron los desplegados pagados por la universidad en el caso Iguala —de evidente afectación para la imagen del gobierno federal— y la ausencia de los mismos en el caso Chalchihuapan.
