De entrada, constructoras poblanas que fueron vetadas al inicio de la actual administración, fueron llamadas para encargarse de proyectos específicos ante la falta de dinero que existe para financiar la obra pública que lleva a cabo la secretaría.
Fingiendo el otorgamiento de un aparente “perdón” por haber sido parte de las constructoras utilizadas en la administración anterior, generosamente les dieron trabajo.
Sin embargo, jamás les dijeron que no habría proyectos ejecutivos ni estimaciones, tampoco contratos que les dieran certeza, ni anticipos para empezar las obras y mucho menos que pasarían más de 8 meses sin recibir un solo centavo.
Algunas empresas tienen cerca de 30 millones en la congeladora y están a punto de quebrar.
Y es que en total, el gobierno del estado debe por concepto de realización de obra pública más de 750 millones de pesos.
La situación parece ser desesperada, al grado de que no se salva ni siquiera uno de los empresarios consentidos del régimen, José Abed, a quien se le deben ya 3 meses del pago establecido en la concesión del Centro Integral de Servicios bajo el concepto de los famosos PPS.
Quien negocia con constructores, los engaña y envuelve para que sigan trabajando gratis y opera la línea que da la Secretaría de Finanzas para el tema de los fallos de las licitaciones, es el marinista Gustavo Fernández.
Sí, el mismo que el propio Cabalán Macari corrió a gritos hace apenas seis meses y que de manera inexplicable sigue laborando en la dependencia.
Otro macabro personaje se encarga de darle forma al entramado legal que justifica jurídicamente las aberraciones anteriores.
Se trata de Javier Ramírez Chantrés, Director General de Asuntos Jurídicos, famoso al interior de la secretaría por su épica afición etílica.
Su trabajo, que empieza normalmente cerca de las 7 pm., se basa principalmente en hacer contratos a la medida para justificar semejantes aberraciones y minimizar la posibilidad de salir raspados en caso de que los empresarios afectados decidan proceder legalmente por las afectaciones sufridas.
Ramírez Chantres es repudiado por sus subordinados por los malos tratos y abusos que les endilga.
Afectado por las espirituosas, ofende y humilla sin miramientos.
Además, los obliga a permanecer hasta la madrugada, cuando ellos llegan puntualmente a cumplir con su horario de trabajo.
Esta conducta la arrastra desde su paso por las administraciones de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres, donde fungió como Director General Jurídico de la Segob.
Más allá de lo grave que resulta la forma en la que opera una de las dependencias prioritarias de la administración pública estatal, es evidente que la caza de marinistas llevada a cabo por el actual gobierno resultó en los hechos una auténtica farsa.
Mientras con este pretexto han sido despedidos más de 11 mil burócratas, otros más que ocuparon puestos de buen nivel en la anterior administración siguen gozando de los beneficios de pertenecer a la dorada burocracia.
Menuda hipocresía.
