El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el congreso local, Sergio Céspedes Peregrina sostuvo que a ese cuerpo legislativo no le mete presión el avance de los amparos en contra de la ley bala que se siguen en juzgados federales, y adelantó que desde su punto de vista no procede la abrogación de la ley, que a lo sumo podrían hacerse algunas reformas pequeñas, entre ellas el nombre de la misma.
Aunque reconoció que de aceptarse esa ruta, la de desechar la propuesta del gobernador de derogar la ley, y apostar por las reformas al marco normativo estás no se darían tan rápido.
Entrevistado luego de que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez diera a conocer que lograron que el tribunal colegiado le corrigiera la plana al Juzgado Séptimo de distrito obligándolo a admitir uno de los amparos contra la ley bala que inicialmente habían desechado, Céspedes Peregrina planteó que primero tendrían que conocer como se dará la resolución de esos amparos y los argumentos legales de los jueces para definir cuál sería la postura del Congreso al respecto.
“Son amparos a titulo personal, no hay una generalidad en ese tema, pero reitero, cualquier ley es perfectible, no están escritas en piedra. Hasta el momento es una ley que como se plantea en la resolución (de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) no fue obedecida”.
Ahí sostuvo que: “yo en lo personal no estoy a favor de la abrogación, creo que es una ley que no ha sido socializada adecuadamente, pero es una ley que lo dice la institución máxima de protección de los derechos a nivel nacional, que protege el tema de los ciudadanos, y que es muy importante seguir puntualizando la regulación de la fuerza por parte de las instituciones policiacas. Regulación no es licencia para que hagan lo que quieran, deben existir protocolos para poder dirigir cualquier acción bajo un reglamento, y sobre todas las cosas tratando de que no se vuelvan a repetir escenarios como los que ya vivimos”.
Por último, el legislador planteó que desde su óptica habría que hacer un análisis sobre el nombre oficial de la ley –Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla–, “porque socialmente no está generado en ese aspecto (sic), habría que generar también otras condiciones sobre la capacitación para que pudiera tener otros alcances, pero que sea antes de que salgan al ejercicio de sus funciones”.
