El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Simón Hernández León, informó que la pelea jurídica en contra de la ley bala continúa en los juzgados federales, y que en días pasados ganaron un recurso para obligar a que uno de los juzgados que rechazó inicialmente tres de las nueve solicitudes de amparo que se promovieron retome el caso.
Así, son hasta el momento siete los amparos que están en ya trámite, pero se espera que en las siguiente semanas se repita la resolución del recurso impuesto en los tribunales colegiados para que los jueces federales trabajen las nueve solicitudes iniciales.
“La semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado resolvió uno de los recursos que se promovieron dándonos la razón, diciendo que el momento de la admisión (de la solicitud de amparo) no es la etapa en la que juez puede decidir los efectos de la ley y que la decisión fue incorrecta y que se debe admitir la demanda. Nosotros creemos que los otros dos recursos se van a resolver también en ese mismo sentido, y que en un par de semanas se admitirán los otros dos”.
Hernández León informó que tras conocerse la resolución el juzgado séptimo de distrito tuvo que admitir la demanda para que el proceso avance.
El abogado explicó que en los seis casos que se aceptaron desde julio pasado ya se realizaron las audiencias constitucionales y ahora queda por esperar la resolución de los jueces, en el caos que se acaba de admitir y los otros dos que están por resolverse en los tribunales colegiados habrá que esperar a que se lleve a cabo todo el proceso.
“Regularmente se llevan un par de meses o hasta tres, porque tienen esa posibilidad fue un acuerdo de la judicatura, pensamos que por el tipo de amparo, la complejidad y las implicaciones políticas que tiene”.
Además, sostuvo, en el juzgado le preguntaron al Congreso si la ley se abrogará y la respuesta fue que la propuesta, una iniciativa que promovió el gobernador del estado, está en estudio en comisiones.
Para el Centro Agustín Pro, las primeras resoluciones al amparo se darán antes de que termine el año, y que si es necesario se recurrirá nuevamente a los tribunales para seguir con la defensa en contra de una ley que han calificado como violatoria a los derechos humanos.
La ley en la congeladora
Por lo pronto, y a pesar de la crisis política y el impacto mediático que provocó la ley tras el violento desalojo en San Bernardino Chalchihupan, ni el PRI ni el PAN parecen dispuestos a modificar la ley.
El líder de la bancada priísta en el Congreso, Víctor Manuel Giorgana sostuvo que para su partido no son necesarias las modificaciones, pues la propio Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no señaló deficiencias en el marco normativo tras la investigación que realizó sobre la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo en el desalojo.
Una respuesta muy parecida a la que planteron en meses pasados el coordinador de la bancada panista, Jorge Aguilar Chedraui, y el presidente de la Comisión de Gobernación, el también panista Eukid Castañón.
