Lo anterior se desprende de un par de documentos en donde el Secretario de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente, da una respuesta positiva a la solicitud de recursos para la compra del artefacto, hecha por el entonces Secretario de Seguridad Pública estatal, Ardelio Vargas Fosado.
En el primero de estos documentos, el DP A.I/0081/2011, de fecha 29 de junio de 2011, se responde al oficio SSP/04/RF/2011/0710 en donde Vargas Fosado solicita una “asignación extraordinaria de recursos por un monto de 5 millones 900 mil dólares americanos, para cubrir gastos por la adquisición de un Helicóptero Agusta Westland Grand A109S Serie 22163 Matrícula XC-ALM.
En éste, se le asigna la clave presupuestal 11 069 0480 1 3 01 101 P003 al Objeto de Gasto 5430 “Equipo Aeroespacial”, por un importe de 69 millones 471 mil 320 pesos.
La justificación legal de la asignación de recursos se basa en los artículos 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 50, 51 y 52 de la Ley de Egresos Vigente, 1 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, al Manual de Normas y Lineamientos, al oficio S.E. 02/2011, que establece las Medidas de Eficiencia y Honestidad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011”.
En el segundo documento, el DP A.I/0213/2011, de fecha 1 de septiembre de 2011, bajo los mismos conceptos y justificación legal, Moya Clemente autoriza la clave presupuestal 11 069 0480 1 3 01 101 P003 2, por el importe de 3 millones 70 mil 112 pesos, lo que da un total de recursos asignados a la compra del helicóptero por 72 millones 541 mil 432 pesos.
En octubre de 2013, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) avaló la decisión del gobierno del estado de Puebla de no hacer públicas las facturas que avalan la compra de éste y otro helicóptero de la marca Agusta.
El presidente de la Comisión apoyó el argumento dado por el gobierno como justificación para reservar la información de que mediante las facturas de las aeronaves se ponía en riesgo la seguridad de sus tripulantes ya que se podían detectar patrones de vuelo, inferir destinos y horarios frecuentes de uso.
Toda la información relacionada con los helicópteros Agusta, especialmente el aquí referido —el de uso exclusivo del gobernador Moreno Valle—, se ha convertido en un auténtico tabú para la administración estatal.
En junio de 2012, la Dirección de Comunicación Social emitió un comunicado en donde reconocía la compra de los Agusta, sin especificar de manera precisa la cantidad de dinero público destinado para ello.
Únicamente manejaba una cifra, por los dos helicópteros de “casi 11 millones de dólares”.
