El dirigente de la fracción perredista Izquierda Democrática Nacional, Jorge Méndez Espínola, sostuvo que aún cuando el gobernador decidiera despedir a su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, o al procurador del estado, Víctor Carrancá Bourguet luego de que se demostrara por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su responsabilidad y encubrimiento del violento desalojo en San Bernardino Chalchihuapan, el tiempo para hacerlo ya pasó.
Por ello, dijo el perredista, le toca asumir la responsabilidad política por el asesinato del menor y todas las acciones de encubrimiento, e insistió en que mantienen la exigencia de juicio político para el mandatario.
Entrevistado durante su participación en la manifestación que ayer cruzó la capital poblana para manifestar el descontento social ante las decisiones del administración estatal, Méndez Espínola explicó que la resolución de la CNDH si bien no ubica al gobernador como responsable directo de la violencia que se desató no hay duda de que las acciones policiales que se realizaron el pasado 9 de julio fueron ordenadas por el gobierno del estado.
“Eso automáticamente señala al principal responsable político de este estado, que es el gobernador del estado. Entonces esta marcha tiene como propósito mostrar que el movimiento (de rechazo) lejos de estar en declive está muy echado para adelante, que estamos exigiendo juicio político al gobernador”.
Méndez Espínola hizo hicapié en que el mandatario retrasó su actuación con lo que perdió espacios para operar de una mejor manera la crisis política que atraviesa, esto le hubiera permitido fincar la responsabilidad penal o jurídica a quienes estuvieron involucrados en la represión, “pero como es soberbio, y eso es parte de su talante, de inmediato trato de maniobrar involucrando a otros espacios del quehacer gubernamental, como el caso de la procuraduría, que lejos de hacer una buena investigación trató de justificar de que la muerte había sido provocada por los pobladores de Chalchihuapan”.
Y puntualizó que tratar de tapar el problema en este momento destituyendo a funcionarios es imposible, “porque lo que ha quedado evidenciado es que tenemos un gobernante cómplice y encubridor, y sino hay que ver sus primeras declaraciones después de los hechos, y totalmente mentiroso”.
