El principal cuestionado fue el Secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, a quien el mandatario le pidió una y otra vez que le leyera el reporte elaborado por su cuñada y subsecretaria de la dependencia, Ofelia Flores Ramos, sobre lo acontecido en esa junta auxiliar.
Así se hizo.
El documento detallaba el número y nombre de los elementos policíacos que participaron, el tipo de armamento que llevaban y el que fue utilizado para la dispersión de los manifestantes.
También incluía un apartado con una descripción a fondo de estos últimos: cuántos eran, qué aspecto tenían, cómo estaban agrupados, bajo que lógica se movían y con qué tipo de artefactos combatieron el embate de los uniformados.
El reporte incluía el listado de los heridos en el desalojo y de manera especial destacaba el hecho de que, de acuerdo con el parte médico aportado por el Hospital General del Sur, un menor de edad se debatía en esos momentos entre la vida y la muerte por un impacto recibido en la cabeza.
Todo indicaba una potencial responsabilidad policíaca en los hechos.
A pesar de lo anterior, la decisión tomada en esa reunión fue la de defender la inocencia de los policías e impulsar una estrategia legal y mediática que tuviera como objetivo la criminalización de los manifestantes.
Había que echar a andar una investigación que llegara a esa conclusión, a como diera lugar y sin importar las consecuencias.
Lo anterior sorprendió a colaboradores cercanos y asesores, quienes tuvieron desde el principio mucho más dudas que certezas sobre los beneficios de mentir sobre los hechos.
El tiempo les dio la razón.
A partir de las conclusiones de esa reunión y el control de daños implementado, nada ha salido bien.
Las contradicciones y los errores sistemáticos fueron desmoronando la versión oficial.
Nadie la creyó desde el principio, ni siquiera ellos mismos, lo que fue confirmado con toda contundencia en la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En este contexto, resulta de entrada muy extraño que quienes se han caracterizado por dedicar 20 horas diarias al análisis prospectivo y la definición de estrategias orientadas a minimizar las consecuencias de las inevitables crisis gubernamentales hayan optado por vender la teoría del cohetón.
La peor, la más peligrosa para sus intereses, la que peores consecuencias les traería cuando la verdad saliera a relucir.
¿Qué los orilló a cometer semejante error?
¿La soberbia?
¿El creer que efectivamente todo lo controlan?
Al parecer, en ese “war room” implementado después de los hechos en Chalchihuapan sobró hígado y faltó la frialdad que caracteriza la toma de decisiones de los auténticos estadistas.
