Diputados del PRI, regidores e integrantes de organizaciones no gubernamentales exigieron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y el procurador del estado, Víctor Carrancá Bourguet, lo anterior tras darse a conocerse la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan.
Al respecto el regidor Iván Galindo, el vocero de Contingente Puebla, Misraim Hernández, y el abogado Alejandro Castillo, quién acompañó la defensa de los cuatro detenidos tras el violento desalojo del plantón en el kilómetro 16 la tarde del 9 de julio, fueron más allá y exigieron que se lleve a juicio político al mandatario estatal como último responsable de los hechos.
En tanto que el hasta ayer presidente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, exigió el cumplimiento de la ley a secas, y que se atienda las recomendaciones y conclusiones de la CNDH.
Mientras que la nueva dirigente, Isabel Allende Cano, planteó que el gobierno del estado “debe cumplir con las recomendaciones”, y pidió se finquen las responsabilidades a Facundo Rosas Rosas y que se extienda la responsabilidad al secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, al no haberse hecho responsable del diálogo con los pobladores de Chalchihuapan.
Que se vayan
Mediante un comunicado, la bancada del PRI lanzó “un enérgico llamado para encontrar la reconciliación social de los poblanos” y exigieron “la remoción inmediata del Secretario de Seguridad Pública Facundo Rosas Rosas y del Procurador de Justicia Víctor Carranca Bourguet”.
“El gobernador Rafael Moreno Valle está obligado a replantear su estrategia de atención a las manifestaciones e inconformidades sociales, para dar paso a una etapa de respeto, diálogo, tolerancia, negociación y reconciliación social, insistieron los diputados priistas.
“Y anunciaron que en caso de que el Ejecutivo no atienda las recomendaciones de la CNDH, solicitarán el inicio de procedimientos de determinación de responsabilidades de los servidores públicos en contra de Rosas Rosas y Carrancá Bourguet”.
El grupo parlamentario también se pronunció porque la familia afectada reciba la reparación del daño de manera urgente, y se pida disculpas públicas como lo planteó la comisión.
Pero a pesar de los señalamientos de la CNDH, la bancada priísta insistió en que no se debe abrogar la ley bala, “en todo caso, mejorar su contenido especialmente en sus apartados de sanciones”.
Juicio político
Al respecto, Alejandro del Castillo sostuvo: “hay responsabilidad política del gobernador, la comisión tiene la facultad de iniciar un juicio político contra el mandatario. Si no lo hace será una grave insensibilidad y producto de las negociaciones políticas. Sabemos que es riesgoso por el talante vengativo del gobernador”.
En tanto que Misraim Hernández se sumó a la exigencia de juicio político, y al igual que la dirigente estatal del PRI, pidió que se responsabilice también al secretario General de Gobierno.
