En el primero se vio involucrada una mujer de 27 años que conducía una de las ya famosas “Pickups de la muerte”.
Una falla mecánica ocasionó el impacto contra un árbol que le causó un importante y permanente daño cerebral.
De manera sorpresiva, el gobierno del estado le negó a la trabajadora de la dependencia cualquier tipo de apoyo.
Al haber sido obligada a firmar un contrato en donde “voluntariamente” renunciaba al beneficio de la seguridad social, en el mismo momento que entró a laborar, sus padres se tuvieron que hacer cargo de absolutamente todos los gastos.
Lo perdieron todo.
Hasta la fecha sufren las consecuencias de las deudas adquiridas para costear el tratamiento y los cuidados de su hija.
Como por arte de magia se “desapareció” la camioneta y cualquier rastro del accidente para evitar consecuencias de tipo legal.
Buscaron apoyo en medios de comunicación.
Fueron a la tele, al radio, a buscar espacios en aquellos programas que venden cercanía con el auditorio e intervención directa para la resolución de sus problemas.
Al conocer los pormenores de la historia y las potenciales consecuencias para la imagen del gobierno del estado, todos, absolutamente todos, les dieron con la puerta en la nariz.
Fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ni siquiera los atendieron.
Al contrario, cuando se supo que se estaban moviendo buscando justicia, las amenazas se volvieron cosa de todos los días.
La joven mujer no podrá jamás volver a trabajar.
El segundo accidente lo sufrió un hombre de edad superior a los 60 años.
Manejando rumbo a San José Chiapa se sale el eje de una de las camionetas propiedad de la secretaría.
Pierde el control y se impacta de frente contra otro vehículo que venía en el carril contrario.
Él resulta ileso, pero 2 de los 3 tripulantes del otro involucrado pierden la vida.
De inmediato, se echó a andar un operativo para desaparecer cualquier rastro del involucramiento de un vehículo oficial en los hechos.
El gobierno se rehusó a cumplir con la responsabilidad civil con los familiares de los deudos.
Con un peritaje a modo y para evitar un escándalo, se aprovecharon de la pobreza de la familia y acordaron el pago de una “pequeña cantidad” en lo oscurito.
El tercer accidente ocasionado por el mal estado del parque vehicular de la Secretaría de Infraestructura lo sufrió otra trabajadora de la dependencia.
Un percance leve con un saldo de pequeños cortes para ella y lesiones leves para los tripulantes del otro automóvil.
Aquí, extrañamente, el operativo para desaparecer la camioneta oficial no se echó a andar.
La conductora fue detenida, llevada a un hospital para curar sus heridas, siempre escoltada y vigilada por policías para garantizar el pago del daño.
Llamó infinitas veces a sus superiores para informarles del accidente.
La atendieron una sola vez.
Jamás llegaron a auxiliarla o por lo menos a asesorarla legalmente.
Ella y su familia buscaron abogados, pagaron los daños del otro vehículo y la atención médica de sus ocupantes para así obtener el perdón legal y quedar en libertad.
Increíble.
Las tres historias tienen un eje común: la falta de apoyo y respuesta por parte de la secretaría para la que trabajan.
Lo anterior resulta extraño, de entrada, porque en teoría se pagan millones de pesos en el aseguramiento de todas, absolutamente todas las unidades que conforman el parque vehicular público estatal.
De ser cierto, la aseguradora se tendría que encargar de los gastos inherentes a este tipo de accidentes: mecánicos, médicos y legales.
No ha sido así.
Además, se supone también que se destina una cantidad importante de dinero público en los procesos de mantenimiento y servicio de las unidades oficiales.
Existen oficios que así lo reflejan.
Es evidente también que no es así.
¿Qué pasa entonces?
¿Quién o quiénes están lucrando con el aseguramiento y mantenimiento de estas unidades?
Ya hay indicios claros, el resto de la historia muy pronto.
