El caso Chalchihuapan, es el segundo en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), teniendo como presidente a Raúl Plascencia Villanueva, ejerce su facultad de investigar “violaciones graves a los derechos humanos”. El primero fue en la investigación de los sucesos de la normal rural de Ayotzinapan, en donde dos estudiantes murieron. Los dos casos son resultados de un violento desalojo. En los dos casos el responsable de los operativos fue Facundo Rosas Rosas.
Lo anterior fue planteado por el titular de la CNDH al ser entrevistado ayer en las inmediaciones de Chalchihuapan, en la zona en donde el 9 de julio pasado un grupo de granaderos dispersó una manifestación que dejó como saldo la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, nueve heridos graves entre los pobladores de la comunidad y más de 40 policías golpeados.
Plascencia Villanueva se presentó en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan pasadas las 13 horas para realizar una inspección ocular de la zona acompañado por un grupo de ocho peritos de la CNDH, pues afirmó que como el dictamen que presentara en los primeros días de septiembre estará firmando por él necesita tener certeza y conocer de primera mano lo sucedido durante el desalojo.
Por ello, mantuvo también una serie de entrevistas con la familia de José Luis Alberto, con los heridos de gravedad que dejó el operativo policial, y con habitantes de la población.
Entrevistas de las que, a decir del diario Reforma, sacó como conclusión que los heridos no presentan huellas de haber sido heridos con un cohetón ni tener signos de quemaduras.
–¿Alguno de ellos presentó quemaduras?, se le preguntó.
–No, ninguno de ellos, respondió a la reportera del diario capitalino.
Lo anterior cobra relevancia pues el gobierno del estado y la procuraduría mantiene como tesis que el menor fue herido de muerte por la onda expansiva de un cohetón.
Plascencia Villanueva descartó también mantener una relación de cercanía con el gobernador del estado, esto pues un ex funcionario de la comisión, Juan Pablo Piña Kurczyn –se ocupó de la sexta visitaduría luego de dejar la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública en el gobierno de Moreno Valle para luego pasar al PRI como secretario de la Fundación Colosio— fue nombrado hace unos días jefe de la Oficina de la Gubernatura, un puesto que hasta antes de su designación no existía.
“Él dejó de trabajar en la comisión hace dos años. En la comisión trabajan mil 560 personas, él estuvo en la comisión, tuvo su papel y su momento, pero hoy por hoy ya no está ahí, fue un colaborador, pero mi amigo no es”.
Por último, Plascencia Villanueva recordó que ya se había realizado un análisis a la ley bala por parte del personal de la comisión sin que se hubiese encontrado en el documento visos de ilegalidad o posibles espacios para la violación de los Derechos Humanos, pero que se revisará si en el operativo se cumplió con la misma y que las recomendaciones respectivas estarán contenidas en el informe que presenten en septiembre próximo.
No hubo diálogo
Horas antes, durante la realización del foro: “Pensar, decir y manifestarse: los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones” que se realizó en la Universidad Iberoamericana, el presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Barranco narró como se iniciaron los hechos la tarde del 9 de julio.
Ahí el alcalde contó que “aproximadamente a las 2 de la tarde, ya con los granaderos ahí, podría decir alrededor de 500 granadores, se acerca uno, no se quiso identificar, nada más dijo que él iba al mando, y que le pedía a la gente, les exigía que se quitaran de la carretera que dejaran de estorbar, entonces la gente le decía: mira, pues ya mero nos vamos, ya llevamos dos horas en un ratito nos quitamos.
Él vio su celular y dijo: no puedo, tengo ordenes específicas. Les dio cinco minutos para que se retiren o si no vamos a desalojar.
El elemento se da la vuelta, llega con su gente, con los demás elementos y da la orden, no pasaron ni dos minutos, y comienzan a marchar hacía las personas (en plantón). Ese fue el diálogo que tuvimos”.
Montes Barranco también explicó que pueblo reacción al desalojo violento por dos situaciones concretas, el intento de los policías por entrar al pueblo “yo creo que la orden no era desalojar, yo creo que la orden era reprimir, porque no se detuvieron en el momento en el cual quedó desalojada la autopista, sino que suben al puente e intentan bajar a la comunidad.
La segunda, dice, cuando producto de los disparos de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de los policías es herido el menor y los otros habitantes del pueblo.
