“Esa es la lucha, no hay vuelta de hoja, no tenemos otra opción más que nos devuelvan las facultades, de otro modo seguiremos adelante”, las palabras José Salomón Pacio Grande, presidente auxiliar de San Martín Tlamapa y uno de los líderes más visible de la Coordinación Estatal en Defensa de Identidad de los Pueblos (CEDIP), son la antesala de la reunión que se llevará a cabo este día en la Secretaría General de Gobierno.
Un encuentro que lleva como agenda el tema del regreso de la facultad del Registro Civil a las comunidades auxiliares y en el que también participarán representantes del gobierno federal.
El encuentro se produce en medio de la crisis política que se vive en Puebla provocada por el rechazo de pobladores y autoridades de las Juntas Auxiliares a la modificación a la ley orgánica municipal que se aprobó en el Congreso en diciembre del año pasado, y tras la manifestación que puso en las calles a más de 10 mil personas que protestaron contra el gobernador Rafael Moreno Valle a quién calificaron de represor y déspota.
Al respecto, José Salomón Pacio Grande sostuvo que para ellos como autoridades auxiliares la única posibilidad de negociación es que se regrese dicha facultad a los pueblos.
El alcalde de San Martín Tlamapa también sostuvo que como parte de los primeros acercamientos que han tenido con las autoridades estatales está la promesa gubernamental de que se detendrá la represión de que han sido objeto.
“Es una promesa y aunque no podemos confiarnos del todo, pero se prometió que se iban a detener esas ordenes y que ya no se iba a dar más represión”.
También informó que de momento, y ante el conflicto y la incapacidad para emitir documentos desde las juntas auxiliares, la SGG le dijo que acordaría con la Secretaría de Educación Pública el que los estudiantes que carezcan de los papeles oficiales sean aceptados hasta en tanto se resuelve la situación.
Por su parte el presidente de San Pedro Yancuitlalpan, Eugenio Sandré, aseguró que han tenido acercamiento con algunos otros alcaldes que si bien aceptaron entregar las oficinas y los libros a los ayuntamientos, como lo establece, la ley, no están de acuerdo con la decisión gubernamental.
E insistió en que retirarles la facultad del registro civil atenta contra su identidad como pueblos.
